Con el apoyo del oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para debatir el proyecto que reduce la edad de imputabilidad a 14 años. Esta medida, criticada por organizaciones sociales y algunos sectores, se enmarca en el contexto de la lucha contra la inseguridad impulsada por el gobierno de Javier Milei. Analistas advierten sobre posibles consecuencias negativas en materia de derechos humanos.
El 05 de mayo de 2025, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un dictamen que permitirá avanzar en el tratamiento del proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, generó un intenso debate y fuertes críticas de parte de organizaciones sociales, de derechos humanos y algunos sectores de la oposición. Si bien el gobierno de Javier Milei argumenta que esta medida es necesaria para combatir la creciente ola de delincuencia juvenil, las preocupaciones sobre las posibles consecuencias negativas para los menores de edad y el sistema judicial son considerables.
La aprobación del dictamen representa un paso significativo en el proceso legislativo. El proyecto deberá ahora ser debatido y votado en el recinto de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, pasará al Senado para su consideración final. La iniciativa ha generado un profundo malestar en varios sectores de la sociedad, que consideran que la reducción de la edad de imputabilidad no aborda las causas profundas de la delincuencia juvenil, como la pobreza, la falta de oportunidades y la desintegración familiar. Para muchos, se trata de una medida puramente electoralista, que busca capitalizar sobre la inseguridad ciudadana sin ofrecer soluciones de fondo.
La Iglesia Católica, a través de sus voceros oficiales, manifestó su oposición al proyecto, argumentando que la reducción de la edad de imputabilidad no es la solución al problema de la delincuencia juvenil, y que se deben priorizar políticas sociales que aborden las causas estructurales de este fenómeno. Varias organizaciones sociales y de derechos humanos han expresado su preocupación por las implicaciones de esta medida en la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, y han pedido al Congreso que rechace el proyecto.
En un contexto de creciente polarización política, con el gobierno de Javier Milei enfrentando fuertes resistencias por sus políticas económicas y sociales, la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados se convierte en un nuevo foco de tensión. Algunos analistas políticos sugieren que el gobierno busca distraer la atención de los problemas económicos con medidas que, aunque controvertidas, generan un debate público que le permite mantener el foco en la agenda de seguridad. La aprobación de este proyecto, en caso de concretarse, podría tener un importante impacto en el sistema judicial argentino, aumentando la carga sobre el sistema de justicia juvenil y generando un debate sobre la capacidad del estado para brindar una adecuada atención a menores infractores de la ley. La falta de políticas sociales integrales para abordar los problemas de la juventud, agravados por el contexto económico, genera un vacío que se intenta llenar con medidas de corte punitivo, en lugar de generar soluciones a largo plazo. Es importante recordar que la discusión sobre la edad de imputabilidad es compleja y requiere un análisis profundo, sin dejar de lado la perspectiva de los derechos humanos y la necesidad de soluciones integrales a la problemática de la inseguridad juvenil.
