El Gobierno oficializó una reforma migratoria que endurece los requisitos para la obtención de la ciudadanía y la residencia, implementa aranceles en salud y educación para extranjeros, y refuerza las medidas de deportación. La medida, criticada por organizaciones de derechos humanos, busca un mayor control de las fronteras y una gestión más eficiente de la inmigración, según fuentes oficiales. Analistas económicos destacan el potencial impacto en el mercado laboral.