05/08/2026 15:09 - General
El 22 de julio de 2026, el Gobierno argentino oficializó el nombramiento de 29 magistrados, fiscales y defensores públicos, sumando además a seis conjueces federales. Estos nombramientos, publicados en el Boletín Oficial (el diario oficial de la República Argentina donde se publican las leyes y actos de gobierno), abarcan jurisdicciones clave como Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Salta, Mendoza, Corrientes y Misiones.
En la provincia de Buenos Aires, uno de los nombramientos más resonantes es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte. Él asumirá como titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Para entender la magnitud de este cargo, hay que explicar que Lomas de Zamora es un populoso distrito del sur del Gran Buenos Aires, y este juzgado tiene jurisdicción sobre áreas de altísima sensibilidad, como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (el principal aeropuerto internacional de Argentina) y un complejo penitenciario federal de gran importancia.
Rodríguez Ponte, quien se desempeñó como secretario del reconocido juez federal Ariel Lijo, heredará expedientes de gran repercusión mediática. Entre ellos, se encuentra la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde (un exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y figura política destacada) y a su expareja, la modelo y conductora de televisión Jesica Cirio.
Asimismo, este juzgado tiene a su cargo la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino, el máximo organismo del fútbol en el país) y la financiera Sur Finanzas. En este expediente se encuentra imputado el empresario Ariel Vallejo, señalado por sus presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia.
En el norte del país, específicamente en la provincia de Chaco, el Gobierno nombró a Patricio Nicolás Sabadini como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia (la capital chaqueña). Sabadini es conocido por investigaciones de fuerte impacto público, como la causa por facturas apócrifas (falsas) que alcanzó al empresario Lázaro Báez, histórico contratista de obras públicas. También investigó expedientes vinculados a figuras políticas locales como Emerenciano Sena, Marcela Acuña y al exgobernador de esa provincia, Jorge Capitanich.
Otro nombramiento clave fue el de Ángel Roger Luna Roldán, designado como juez de Cámara (un tribunal de apelaciones de segunda instancia) del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, una provincia del noroeste argentino. Su candidatura había generado debate y recibido impugnaciones durante el tratamiento de los pliegos en el Senado de la Nación, la cámara alta del Congreso argentino.
Este movimiento en la Justicia Federal se produce justo después de la finalización del Mundial de Fútbol 2026, un evento que paraliza la actividad en Argentina. Con la vuelta a la agenda política, la Mesa oficialista se reunió para impulsar reformas prioritarias como la Ley de Inocencia Fiscal (una norma que busca proteger a contribuyentes de penalidades si declaran de manera voluntaria sus evasiones) y la Reforma Electoral, consolidando el accionar del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Fuente original: Elonce.com
Alfredo S. Quiroga
