28/07/2026 09:30 - Judiciales
La investigación por el trágico femicidio de Natalia Cruz (37 años) ha tomado un rumbo decisivo. Según informaron medios como Infobae y TN, la Justicia de Salta imputó a diez efectivos policiales por presunto incumplimiento de la custodia ordenada para protegerla y por elaborar un informe falso para encubrir su negligencia.
El 17 de febrero de 2026, Natalia fue atacada con un arma blanca por su ex pareja, Daniel Orlando Serapio, en su domicilio del barrio Luz y Fuerza, en Campo Quijano. Tras el ataque, el agresor confesó el crimen a la madre de la víctima y escapó, permaneciendo prófugo dos semanas hasta que fue hallado escondido en una cueva de la precordillera. Serapio se encuentra bajo prisión preventiva desde marzo de 2026.
Lo más indignante del caso es que Natalia contaba con una orden judicial del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2.ª Nominación que disponía una consigna policial fija en su vivienda. Sin embargo, según la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), el personal de la Comisaría N°7, pese a tener conocimiento de la resolución, nunca implementó la custodia.
Las fiscales María Luján Sodero Calvet (titular de la UFEM) y Claudia Geria (Fiscalía de Derechos Humanos) encabezan la investigación. Para profundizar la pesquisa, la Procuración General de Salta conformó una unidad conjunta que reveló presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género durante enero y febrero de 2026.
Las imputaciones se dividen según el grado de responsabilidad:
La tragedia de Natalia tiene un contexto aún más doloroso. En 2017, ella había sido fotografiada llorando tras el femicidio de su hermana. Horas antes de ser asesinada, Natalia había viajado a la ciudad de Salta para presentar una nueva denuncia y solicitar una restricción de acercamiento, pero le informaron que no había personal disponible para atenderla.
Además de la investigación penal, la institución policial inició un proceso administrativo interno para determinar responsabilidades y reestructurar los recursos en el Valle de Lerma, una zona de especial atención por situaciones de violencia. Sumadas a la prisión preventiva del femicida y de dos personas imputadas por encubrimiento agravado durante su fuga, estas medidas buscan que hechos tan graves no queden impunes y que el sistema de protección mejore para salvar vidas en el futuro.
Fuentes: Infobae, TN, Informate Salta, Nuevo Diario de Salta.
Alfredo S. Quiroga