Una batalla legal por la justicia global
Según informó The Guardian, cuatro destacadas organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump el 11 de agosto de 2026. Las acusaciones se centran en las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI), calificadas como un ataque ilegal contra la justicia a nivel mundial.
¿Qué es la CPI y por qué sanciona EE.UU.?
La Corte Penal Internacional, con sede en los Países Bajos, es el único tribunal internacional permanente encargado de juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad. EE.UU. no es parte del tratado, pero las tensiones escalaron cuando la CPI emitió órdenes de captura en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes en Gaza.
En respuesta, Trump firmó una orden ejecutiva en febrero de 2025 autorizando sanciones a funcionarios de la CPI, jueces y grupos que apoyen sus investigaciones. Recientemente, el secretario de estado, Marco Rubio, habría impulsado una campaña para desmantelar la corte.
El impacto de las sanciones
Las medidas afectaron a individuos con prohibiciones de viaje, cuentas bancarias congeladas y bloqueo de servicios digitales. Esto también impactó a las cuatro organizaciones demandantes: American Friends Service Committee, Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch y Open Society Institute, quienes aseguran que se les impide representar a víctimas y colaborar con grupos palestinos sancionados.
La demanda argumenta que estas acciones violan la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. (libertad de expresión y asociación) y las obligaciones internacionales del país.
Voces a favor de la rendición de cuentas
Katherine Gallagher, abogada del Center for Constitutional Rights, afirmó que las víctimas de crímenes internacionales, desde Sudán hasta Palestina, merecen una CPI fuerte e independiente. Por su parte, Shawan Jabarin, director del grupo Al Haq (uno de los sancionados), relató cómo las medidas generaron un clima de miedo, dejando a 45 personas sin salario.
James Goldston, de la Open Society Justice Initiative, enfatizó que las cortes independientes solo funcionan cuando los defensores pueden trabajar sin temor a represalias políticas. Esta demanda busca restaurar el estado de derecho y asegurar que nadie esté por encima de la ley, manteniendo viva la esperanza de una justicia imparcial y global.