Un nuevo episodio de violencia sacudió la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, cuando la noche del viernes 4 de septiembre de 2026 un grupo armado lanzó explosivos desde drones contra una unidad militar en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. El ataque, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un saldo de al menos 3 soldados muertos y 4 heridos, según confirmó el Ejército de Colombia a través de su cuenta en la red social X.
De acuerdo con el parte oficial, dos de los soldados fallecieron en el lugar del ataque, mientras que un tercero murió tras recibir atención médica. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la zona, donde reciben atención especializada. El ataque consistió en el lanzamiento de explosivos desde drones contra el complejo militar, seguido de un enfrentamiento armado dentro de las instalaciones, lo que evidencia una escalada en las tácticas de los grupos armados ilegales.
Condena del presidente y reacción oficial
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó enérgicamente el ataque y expresó sus condolencias a las familias de los soldados caídos. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que “no descansaremos hasta dar con los responsables de este cobarde atentado” y reiteró el compromiso del gobierno con la seguridad en la región. Las Fuerzas Militares, por su parte, anunciaron el refuerzo de las operaciones ofensivas en el Catatumbo, una de las zonas más conflictivas del país.
Contexto: el ELN y la disputa territorial en el Catatumbo
El ELN, fundado en 1964, es la última guerrilla activa de Colombia y mantiene una fuerte presencia en la región del Catatumbo, que abarca los departamentos de Norte de Santander y Cesar. Esta zona es estratégica por su frontera porosa con Venezuela, que facilita el tránsito de armas, drogas y personas, y por su producción de coca, base del narcotráfico. En los últimos años, el ELN ha librado una disputa territorial con las disidencias de las FARC, lo que ha generado un aumento de la violencia y el desplazamiento forzado de la población civil.
El ataque con drones no es un hecho aislado. En agosto de 2026, una explosión en una estación de policía en Cúcuta, capital de Norte de Santander, dejó 11 policías heridos y un perro policía muerto. Días antes, un coche bomba contra otra estación de policía en el noreste del país causó la muerte de un civil y dejó 11 heridos. Estos incidentes reflejan la capacidad de los grupos armados para golpear objetivos de seguridad en zonas urbanas y rurales.
Impacto y perspectivas
El ataque del viernes representa un desafío directo al Estado colombiano y a su política de seguridad, en un momento en que el gobierno busca consolidar la paz en los territorios más afectados por el conflicto. La comunidad internacional, a través de organismos como la ONU, ha expresado su preocupación por la escalada de violencia en el Catatumbo y ha instado a las partes a retomar el diálogo. Mientras tanto, las Fuerzas Militares continúan con operaciones de rastreo en la zona para dar con los responsables, en medio de un clima de tensión que mantiene en vilo a la población local.
La situación en Ocaña y sus alrededores sigue siendo crítica, y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la identidad de las víctimas y las circunstancias del ataque. La defensa de los derechos humanos y la protección de la población civil son prioridades para el gobierno, que enfrenta el reto de garantizar la seguridad en una región históricamente golpeada por el conflicto armado.