En una resolución que marca un hito en la justicia penal de Asia Meridional, el Tribunal Superior de Sri Lanka condenó a 15 hombres por su participación en los atentados coordinados del Domingo de Pascua de 2019. Las penas, que oscilan entre los 200 y 260 años de cárcel, incluyen cargos de conspiración, terrorismo y asesinato bajo la Ley de Prevención del Terrorismo. Entre los sentenciados se encuentra Mohamed Naufer Moulavi, señalado como el cerebro organizador de la masacre.
Antecedentes: La tragedia de abril de 2019
Los atentados consistieron en una serie de explosiones suicidas coordinadas que impactaron en tres iglesias y tres hoteles de lujo en diversas ciudades del país. El saldo fue devastador: entre 267 y 279 fallecidos y cerca de 6.000 heridos. La magnitud del ataque tuvo un impacto internacional inmediato, con 45 víctimas extranjeras, incluyendo ciudadanos de India, Reino Unido, Estados Unidos y España. Los ejecutores fueron inspirados por células locales vinculadas al Estado Islámico (IS).
La sombra de la complicidad y la negligencia
Más allá de la condena a los perpetradores, el proceso judicial ha desnudado una preocupante fragilidad en la seguridad nacional de Sri Lanka. El tribunal ha confirmado que el Estado ignoró alertas críticas de inteligencia provenientes de India, lo que llevó a que, en julio de 2026, exfuncionarios del Ministerio de Defensa y la policía fueran condenados a muerte por negligencia criminal.
El impacto político fue profundo: el expresidente Maithripala Sirisena fue obligado por la Corte Suprema a pagar millonarias compensaciones debido a los fallos de seguridad. Sin embargo, la hipótesis más perturbadora sigue bajo investigación: la presunta orquestación o permiso de los ataques para generar un clima de caos que beneficiara la llegada al poder de Gotabaya Rajapaksa, quien ganó la presidencia meses después basando su plataforma en la "mano dura" contra el terrorismo.
Dato Geopolítico
La detención de Suresh Sallay, exjefe de inteligencia, es la pieza clave actual. Se investiga si existió una coordinación deliberada entre el aparato estatal y extremistas para manipular la percepción pública y asegurar la hegemonía del clan Rajapaksa en el poder.
Perspectivas Globales
La resolución de este caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de los mandatarios en casos de negligencia antiterrorista. Asimismo, sería probable que las revelaciones sobre la complicidad estatal generen una nueva ola de inestabilidad política en Sri Lanka, mientras que la relación diplomática con India podría verse tensionada si se confirma que las alertas fueron ignoradas deliberadamente por intereses partidarios. Quizás el cierre de este ciclo judicial estaría permitiendo una transición hacia una mayor transparencia en los servicios de inteligencia del país.