24/06/2026 15:49 - Judiciales
En un contexto donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) marcó un precedente fundamental al aprobar el proyecto de reglamento para el uso de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito judicial. La resolución, registrada bajo el número RSC-1719-2026, deja en claro un principio esencial: "la función jurisdiccional es indelegable e insustituible".
El objetivo principal de esta normativa es evitar que la tecnología reemplace el razonamiento humano en decisiones críticas. Según el tribunal, la IA debe utilizarse exclusivamente como una herramienta de apoyo, nunca sustitutiva de la actividad de jueces y funcionarios. El uso de estos sistemas no exime de responsabilidad al operador por el contenido y legalidad de sus actos.
Para garantizar el cumplimiento de estas normas, se creó la Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, integrada por las Secretarías de Planificación, Tecnología Informática y Servicios Jurisdiccionales. Esta entidad actuará como autoridad de aplicación, encargada de proponer protocolos, evaluar herramientas y realizar auditorías periódicas.
El reglamento introduce una clasificación basada en el nivel de riesgo. Los sistemas de alto riesgo, como aquellos que predicen resultados judiciales, deberán someterse a un Análisis de Impacto Algorítmico y auditorías cada seis meses. En contrapartida, las herramientas de bajo riesgo, como la transcripción de audiencias, requieren auditorías anuales.
La Corte advirtió específicamente sobre los riesgos de la IA generativa, que puede producir resultados inexactos, sesgados o no verificables. El documento alerta sobre el "sesgo de automatización", que es la tendencia excesiva a confiar en las recomendaciones de las máquinas por sobre el criterio humano.
El proceso de consulta pública permanecerá abierto hasta el 8 de julio de 2026 (según informó Diario Judicial) para que magistrados, abogados y académicos presenten observaciones. Una vez finalizada, la Comisión deberá elevar un informe definitivo antes del 31 de agosto de 2026.
La normativa también hace hincapié en la protección de datos personales, remitiendo estrictamente a la Ley 25.326. Se prohíbe incorporar información sensible o investigaciones en curso en plataformas que utilicen datos para entrenar modelos futuros sin las debidas garantías.
Fuentes: Diario Judicial | Ámbito
Alfredo S. Quiroga
