Un cierre definitivo para una investigación de larga data
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el sobreseimiento definitivo del actual ministro de Economía, Luis Caputo. La decisión pone fin al proceso penal que se inició en 2017 a raíz de una denuncia presentada por legisladores opositores, entre ellos Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde y María Fernanda Raverta.
La investigación se centró en el desempeño de Caputo como secretario y ministro de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri, específicamente en la emisión de un bono a 100 años y en la posible existencia de vínculos societarios no declarados que podrían haber beneficiado a fondos privados.
Los cargos que se investigaban
- • Negociaciones incompatibles con la función pública
- • Omisión maliciosa en declaraciones juradas
- • Tráfico de influencias
- • Uso de información privilegiada
- • Incumplimiento de deberes de funcionario público
- • Lavado de activos
Los argumentos del fallo
El tribunal analizó en profundidad cada uno de los ejes de la acusación y encontró elementos contundentes para desestimarlos:
Declaraciones juradas
No hubo dolo ni voluntad de ocultamiento. Caputo había informado su participación en la sociedad LC Advisors ante la AFIP y en otras declaraciones patrimoniales.
Sociedades extranjeras
Sobre Princess International Group Ltd (Islas Caimán), se acreditó que Caputo actuaba como tenedor fiduciario y que el beneficiario real era su hermano, Flavio Caputo. Al momento de la compra de bonos en octubre de 2016, el ministro ya no tenía vínculos con dicha sociedad.
Operaciones financieras
La compra de bonos por aproximadamente 494.700 dólares a través de Noctua Partners LLC se realizó mediante oferta pública abierta, sin ventajas indebidas ni acceso a información privilegiada. Las facturas de LC Advisors a Noctua no demostraron asesoramiento irregular, ya que la relación comercial era previa a la emisión de los títulos.
Conclusión judicial: No existió un actuar delictual, no hubo confusión entre intereses públicos y privados, y la operación de deuda fue una decisión de política económica general. Con esta resolución de segunda instancia, el proceso penal queda cerrado definitivamente.