El caso que sacude a la Universidad de Cornell ha pasado de ser una tragedia personal a un escándalo político y judicial. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, decidió desplazar la investigación del fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, y nombró a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial.
La intervención ocurre tras revelarse que el manejo del caso fue, en palabras de la gobernadora, un "fracaso". El detonante fue el descubrimiento de que la policía de la universidad omitió pruebas cruciales en el informe enviado a la fiscalía, silenciando el testimonio directo de la víctima.
Según la demanda civil impulsada por el abogado Thomas Giuffra, la situación escaló a niveles de depravación digital: uno de los agresores habría enviado un mensaje por Snapchat a decenas de miembros sugiriendo que la víctima estaba "disponible para sexo gratis".
El vacío legal en disputa:
El fiscal Van Houten había argumentado que no existía delito porque la ley actual de Nueva York dificulta la condena de agresión sexual si la víctima consumió sustancias voluntariamente, a menos que se pruebe una indefensión física total. Ante esto, Hochul prometió reformar la ley estatal para que la intoxicación no sea una "licencia para el abuso sexual".
| Implicados / Roles | Acción / Cargo |
|---|---|
| Letitia James | Nueva Fiscal Especial del caso |
| Matthew Van Houten | Fiscal local (criticado por desestimar el caso) |
| Fraternidad Chi Phi | Sede de los hechos y sujetos de la demanda |
| Universidad de Cornell | Demandada civilmente y bajo revisión externa |
Actualmente, la víctima ha iniciado acciones legales contra:
- La Universidad de Cornell.
- Siete exmiembros de la fraternidad Chi Phi.
Mientras algunos acusados niegan los hechos a través de sus abogados, la Universidad ha respaldado el nombramiento de la fiscal especial y se comprometió a una auditoría independiente sobre su gestión.
Fuente: IMAGO