En una cadena nacional, Javier Milei anunció un DNU para ampliar recursos de Defensa, la construcción prioritaria de una Base Naval en Ushuaia y sanciones a petroleras que operan en Malvinas. Las empresas Rockhopper y Navitas respondieron que sus licencias son legales y que el proyecto Sea Lion sigue en marcha. La oposición criticó al presidente por oportunismo y contradicciones.

Un anuncio que remueve el tablero geopolítico

El 3 de septiembre de 2026, el presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional para lanzar una batería de medidas vinculadas a la soberanía sobre las Islas Malvinas, en un contexto de creciente tensión por la explotación petrolera offshore en el Atlántico Sur. El anuncio incluyó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, la construcción prioritaria de una Base Naval Integrada en Ushuaia, el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, afirmó Milei, quien además calificó a los isleños como “población implantada” sin derecho a la autodeterminación. El presidente también mencionó que Donald Trump le habría comunicado que Estados Unidos está reevaluando su posición histórica sobre el archipiélago, un guiño que fue interpretado como una presión hacia el Reino Unido en el marco de disputas más amplias, como la relacionada con Irán.

“El proyecto Sea Lion es una amenaza para los intereses estratégicos argentinos”, sentenció Milei, al tiempo que anunció el endurecimiento de sanciones a empresas extranjeras que operen en las islas.

La respuesta de las petroleras: “Nuestras licencias son legales”

Al día siguiente, 4 de septiembre de 2026, las empresas Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) salieron a defender la legalidad de sus licencias, otorgadas por el gobierno de las islas (territorio británico de ultramar autónomo) y con el respaldo del Reino Unido. Ambas compañías consideraron que las sanciones anunciadas por Milei no afectarán el desarrollo ni los plazos del proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado a unos 220 km al norte de las islas.

El proyecto ya tomó su Decisión Final de Inversión (FID) en diciembre de 2025, con una inversión de US$1.800 millones. La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028. Navitas es la operadora con el 65% de la participación, mientras que Rockhopper posee el 35%.

El mercado reaccionó con cautela: las acciones de Rockhopper cayeron 6,3% en la Bolsa de Londres el 4 de septiembre.

La oposición: críticas por oportunismo y contradicciones

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. Carlos Bianco (ministro de Gobierno de Kicillof), Germán Martínez (diputado de UP), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Taiana (ex canciller), Agustín Rossi (ex ministro de Defensa), Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero (ex canciller), Pablo Juliano (UCR) y Ricardo Alfonsín fueron algunas de las voces que cuestionaron al presidente.

Los principales ejes de las críticas fueron:

  • Oportunismo y demagogia: acusaron a Milei de usar la causa Malvinas con fines electorales.
  • Contradicciones: recordaron que el presidente era admirador de Margaret Thatcher y que sus medidas llegan tarde.
  • Falta de acción previa: no aplicó la Ley 26.659, que declara ilegales las actividades no autorizadas en la plataforma continental, desde diciembre de 2025 cuando se anunció la inversión de Sea Lion.
  • Base Naval: la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó en 2022, durante la gestión anterior.

Una excepción fue Daniel Filmus (ex ministro), quien celebró que Malvinas sea una causa nacional, pero cuestionó las contradicciones del gobierno.

El tablero internacional: Chile, EE. UU. y Reino Unido

El contexto geopolítico es complejo. Chile aparece en escena: el alcalde de Punta Arenas impulsa una conexión marítima con Malvinas para abastecer el proyecto Sea Lion. La Cancillería argentina ya pidió a Chile evitar actividades logísticas ilegales.

Por su parte, Reino Unido ratificó su “compromiso absoluto e inquebrantable” con los kelpers, mientras que EE. UU. mantiene su postura histórica, aunque el deslizamiento de Trump sobre una posible revisión genera especulaciones.

Un antecedente clave fue la visita de la general Laura Richardson (Comando Sur de EE. UU.) a Ushuaia en abril de 2024, un hito para el proyecto de la Base Naval Integrada.

Qué es Sea Lion y por qué importa

Sea Lion es un yacimiento de petróleo offshore en la cuenca de las Malvinas, considerado uno de los proyectos más relevantes de la región. Su desarrollo implica una inversión millonaria y una producción que podría transformar la economía de las islas, pero también profundiza la disputa de soberanía con Argentina, que reclama la plataforma continental como propia.

La Ley 26.659, sancionada en 2011, establece que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional son ilegales. Sin embargo, su aplicación ha sido limitada en la práctica.

La situación sigue evolucionando y el mundo observa con atención cómo se desarrolla este nuevo capítulo de una disputa que lleva décadas.