Un acuerdo sin precedentes
Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, llegó a un acuerdo con los fiscales generales de 47 estados, el Distrito de Columbia y territorios de Estados Unidos para resolver una demanda que la acusaba de haber diseñado sus plataformas con mecanismos adictivos dirigidos a menores. La noticia fue confirmada por el diario The New York Times y replicada por TN.
El acuerdo, que pone fin a un juicio que se llevaba a cabo en el Distrito Norte de California (Oakland), contempla un pago inicial de aproximadamente USD 12.000 millones, al que se sumarían USD 5.000 millones adicionales si otras plataformas como Snap, TikTok y YouTube también llegan a acuerdos similares. De esta forma, el monto total potencial asciende a USD 17.100 millones, aunque otras fuentes como Página/12 e IOL reportan cifras de USD 16.700 millones y USD 16.680 millones, respectivamente.
Además, Meta alcanzó un acuerdo separado con el estado de Texas por unos USD 1.000 millones, lo que eleva el desembolso total combinado a más de USD 18.000 millones. La demanda original, presentada por los estados, buscaba una compensación de aproximadamente USD 200.000 millones.
Montos del acuerdo
| Concepto | Monto (USD) |
|---|---|
| Pago inicial | 12.000 millones |
| Pago adicional (si otras plataformas se suman) | 5.000 millones |
| Total potencial | 17.100 millones |
| Acuerdo con Texas | 1.000 millones |
| Total combinado | Más de 18.000 millones |
Cambios en los productos para adolescentes
Como parte del acuerdo, Meta implementará una serie de modificaciones en sus plataformas para usuarios adolescentes en Estados Unidos. Entre los cambios más destacados se encuentran:
- Fin del desplazamiento infinito (scroll infinito).
- Límite de tiempo diario de 2 horas en Instagram y Facebook.
- Restricción de uso entre la medianoche y las 6:00 a.m.
- Notificaciones silenciadas entre las 10:00 p.m. y las 7:00 a.m.
- Limitación de filtros de belleza y del conteo de “me gusta”.
- Refuerzo de la verificación de edad y de los controles parentales.
Estas medidas buscan mitigar el impacto negativo que las redes sociales pueden tener en la salud mental de los jóvenes, un tema que ha generado una creciente preocupación en la sociedad y entre los reguladores.
Contexto legal y reacciones
El acuerdo no exime a Meta de otras demandas. La compañía aún enfrenta procesos judiciales presentados por distritos escolares y particulares. Además, en marzo de este año, Meta y YouTube perdieron un caso de daños personales y debieron pagar USD 6 millones. Un juez de Nuevo México también ordenó a Meta pagar casi USD 1.000 millones en multas.
Las organizaciones no gubernamentales, como Save The Children y la Plataforma de Infancia, consideraron el acuerdo “insuficiente”. Piden que Meta proteja a los menores “desde el origen”, sin depender de acciones judiciales, y reclaman que se desactive por defecto la publicidad comportamental dirigida a menores, así como la eliminación de los mecanismos que generan adicción. También solicitan regulaciones más amplias, como evaluaciones de impacto, verificación de edad y auditorías externas. Señalan que el acuerdo no aborda contenidos nocivos como la violencia sexual, el bullying o la protección de datos.
Por el momento, Meta no implementará estas medidas fuera de Estados Unidos, lo que ha generado críticas a nivel internacional.
Impacto en el mercado
Tras el anuncio, las acciones de Meta subieron un 1,3%, alcanzando un valor de mercado de USD 1,47 billones. La compañía reportó ingresos trimestrales recientes de USD 60.800 millones.
En el ámbito financiero, el portal IOL emitió una señal de compra para las acciones de Meta el 26 de agosto de 2026, con un precio de entrada de USD 574, un precio objetivo de USD 656 y un stop loss en USD 526. La relación riesgo/retorno es de 1,7x, con un RSI de 48 (zona neutra) y un P/E de 21,64x, en la parte baja de su rango de tres años (19x-36x).
Este acuerdo marca un hito en la regulación de las redes sociales y sienta un precedente para otras empresas tecnológicas, aunque las organizaciones de infancia insisten en que se necesita un cambio más profundo para proteger a los menores en el entorno digital.