07/08/2026 12:26 - General
La justicia española ha dado un giro trascendental en el conocido como caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha acordado imputar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (quien gobernó España entre 2004 y 2011), así como a su secretaria personal, Gertrudis Alcázar.
La resolución judicial, fechada el 18 de junio de 2026, responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular. La decisión se basa en la presunta participación de las investigadas en la sociedad Whathefav, considerada instrumental para la canalización y ocultación de fondos.
José Luis Rodríguez Zapatero es uno de los políticos más influyentes de la España contemporánea. Miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue presidente del gobierno durante dos legislaturas consecutivas, de 2004 a 2011. Su mandato estuvo marcado por políticas progresistas en derechos civiles, como la aprobación del matrimonio igualitario, y por la gestión de la crisis económica de 2008. Tras dejar la presidencia, ha mantenido actividad como consultor internacional y conferencista.
Para un extranjero, entender su relevancia es clave: en España, los expresidentes mantienen una influencia política considerable y cualquier investigación que involucre a sus familiares cercanos tiene un impacto mediático y social enorme.
El caso Plus Ultra investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculados al rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea española Plus Ultra. Esta compañía, considerada de bandera venezolana con base en España, recibió fondos públicos mediante un procedimiento controvertido que ahora se cuestiona.
La tesis de la Fiscalía sostiene que pudieron existir comisiones ilegales pagadas a cambio de gestionar dicha ayuda pública, y que esos fondos habrían sido ocultados mediante entramados societarios opacos. La sociedad Whathefav, administrada formalmente por las hijas de Zapatero, estaría en el centro de esta operativa según los investigadores.
Fuente: El Mundo
Según el auto judicial, Alba y Laura Rodríguez Espinosa figuran como administradoras de la sociedad Whathefav. Los investigadores califican esta entidad como instrumental para recibir presuntamente los fondos pagados a Zapatero por sus gestiones relacionadas con el rescate.
El juez considera que su condición objetiva como administradoras determina su citación como investigadas, garantizando así sus derechos fundamentales y evitando que declaren primero como testigos para luego verse obligadas a declarar contra sí mismas.
Respecto a Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente, el magistrado señala que su actividad la sitúa en un tercer nivel de la trama, ejecutando instrucciones directas de Rodríguez Zapatero.
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) indican que Alcázar se encargaba de la coordinación y elaboración de documentación que sustentaba las operaciones de la red, siendo una pieza operativa esencial para dar apariencia formal a los pagos cuestionados.
| Término | Definición |
|---|---|
| Audiencia Nacional | Tribunal español con jurisdicción sobre toda España para delitos graves como corrupción, terrorismo y narcotráfico. |
| Imputación | Condición jurídica en la que una persona es considerada sospechosa de un delito y debe ser investigada, garantizando su derecho a defensa. |
| Blanqueo de capitales | Delito consistente en ocultar el origen ilegal de fondos, haciéndolos aparecer como legítimos. |
| Fiscalía Anticorrupción | Organismo español especializado en perseguir delitos de corrupción económica y fraudes contra la Administración Pública. |
En la misma resolución, el juez rechazó varias diligencias solicitadas. Por ejemplo, denegó citar como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y a un cargo de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
También desestimó imponer una fianza a Plus Ultra por la deuda impagada, aclarando que el foco de la instrucción no es el procedimiento administrativo del rescate en sí, sino las conductas delictivas que pudieron influir en su concesión.
En los próximos días se fijarán las fechas para las comparecencias de las nuevas investigadas, quienes deberán declarar ante el juez instructor.
Alfredo S. Quiroga
