Contexto político y fiscal

El proyecto de Presupuesto 2026, que contempla los ingresos y egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal, ha encontrado obstáculos importantes en el Congreso. La normativa, presentada por el Gobierno de Javier Milei, requiere la aprobación de ambas cámaras legislativas y la firma del presidente para entrar en vigor el 1° de enero de 2026.

El plan B de la Casa Rosada

Frente a la creciente incertidumbre, la Casa Rosada ha comunicado que está considerando un "plan B" que permitiría sancionar el presupuesto antes del 31 de diciembre de 2025. Este plan contempla una serie de medidas alternativas, entre ellas:

• Utilizar la ley de urgencia para acelerar la votación en la Cámara de Diputados.
• Buscar un acuerdo de pacto nacional que reúna a los principales bloques legislativos.
• Recurrir al decreto de necesidad y urgencia (DNU) para cubrir gastos esenciales mientras se finaliza la discusión parlamentaria.

El objetivo es evitar un vacío legislativo que podría comprometer el sostenimiento de programas sociales y la estabilidad macroeconómica.

Reacciones de la oposición y de los gobiernos provinciales

El plan ha generado reacciones encontradas. Por un lado, el Gobierno de la provincia de Gobierno (en referencia a la provincia de Gobernador) ha amenazado con vetar su propio presupuesto si no se respetan ciertos consensos, según informó la página 12.

Otros gobernadores, como el de Mendoza, expresaron su enojo ante la caída de capítulos clave del proyecto, señalando dudas sobre la coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio de Economía.

Implicancias para la agenda legislativa

Si el plan B se materializa, el Senado tendría que aprobar la norma en una sesión extraordinaria antes de fin de año. Este escenario implicaría ajustes en la agenda legislativa y una presión adicional sobre los senadores para que voten de manera rápida y consensuada.

Próximos pasos

Se espera que la Casa Rosada presente formalmente la propuesta de plan B en los próximos días, luego de consultas con los líderes de los bloques parlamentarios. El Gobierno también está evaluando la posibilidad de lanzar una campaña de comunicación para explicar la necesidad del ajuste y obtener apoyo popular.