Orden judicial y monto del embargo

El Juzgado Civil Nº 3 de San Carlos de Bariloche, a cargo del juez Santiago?Morán, dictó una medida cautelar el viernes 18 de diciembre de 2025 que retiene la totalidad del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena?Villaverde. La retención permanecerá vigente hasta cubrir los 40,5 millones de pesos que reclama el demandante.

El embargo se desglosa en 27 millones de pesos en concepto de capital y 13,5 millones por intereses y costas judiciales.

Contexto de la controversia inmobiliaria

La medida cautelar responde a una demanda presentada por un ciudadano que adquirió un lote en el desarrollo inmobiliario de Las Grutas en 2022 y no recibió la posesión ni los servicios prometidos (agua, energía y alumbrado). El comprador presentó el boleto de compraventa y cartacorreo que acreditan la transacción, pero la obra sigue sin entregarse tres años después.

Además, la diputada enfrenta otra acción judicial en el Juzgado Civil y Comercial Nº?9 de San?Antonio?Oeste. En esa causa se reclama un monto de 31 millones de pesos por un lote de 465,80?m² adquirido en 2020 por $1.650.000 y financiado en 120 cuotas. El demandante acusa a Villaverde de no haber ejecutado las obras ni iniciado la escrituración.

Antecedentes políticos y judiciales

Lorena?Villaverde, electa diputada nacional por la provincia de Río Negro en 2021 bajo la coalición La Libertad?Avanza, no pudo asumir la silla del Senado tras ser elegida en 2023 porque la Cámara alta impugnó su designación por supuestos vínculos con el empresario Fred?Machado, extraditado a EE.?UU. por narcotráfico.

Villaverde también ha sido citada en investigaciones relacionadas con presuntos contactos con Machado y con el exdiputado José?Luis?Espert, cuyo patrimonio fue congelado en una causa de lavado de dinero que involucra a la misma red de contactos.

Repercusiones y próximos pasos

El embargo permanecerá activo hasta que las retenciones alcancen los 40,5?millones de pesos. Mientras tanto, la diputada sigue ejerciendo su mandato, que se extiende hasta 2027, y se enfrenta a otras dos demandas que podrían derivar en nuevos embargos o acuerdos de pago.

Los actos judiciales subrayan la creciente presión sobre figuras de la nueva derecha libertaria en Argentina y ponen de relieve la importancia de la defensa del consumidor en operaciones inmobiliarias en la región costera de Río Negro.