Convocatoria y contexto

El 5 de enero de 2026 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebró una reunión extraordinaria de urgencia, convocada por Colombia, que ostenta la presidencia pro tempore del organismo. La sesión, desarrollada de forma virtual, tuvo como eje central la solicitud del canciller venezolano, Yván Gil, de que los 33 Estados miembros den un "paso al frente" ante lo que calificó como "agresión de Estados Unidos" contra Venezuela.

Exigencia de Venezuela

Yván Gil pidió la "liberación inmediata e incondicional" del presidente Nicolás Maduro y de la vicepresidenta Cilia Flores, actualmente processados por la justicia de Estados Unidos. El mandatario venezolano argumentó que la acción estadounidense viola la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano.

Apoyo y oposición dentro de la CELAC

El pedido contó con el respaldo de varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; la vicepresidenta chilena, Claudia Scheinbaum; y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Sin embargo, un bloque de diez países, liderado por Argentina, se opuso al comunicado conjunto. Los presidentes de Argentina (Javier?Milei), Ecuador (Daniel?Noboa) y El?Salvador (Nayib?Bukele) celebraron la posición de la administración venezolana.

Declaraciones de Cuba

En la misma sesión, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció la "vil y delictiva agresión" de EE.?UU. contra instalaciones civiles y militares en Caracas, calificándola de violación flagrante al derecho internacional y a la integridad territorial venezolana.

Resultado de la reunión

Ante la falta de consenso, la CELAC no emitió un comunicado conjunto al término de la reunión. La división quedó evidenciada entre aquellos que abogan por una condena firme a la acción estadounidense y los que, como Argentina, mantuvieron una postura más reservada.

Implicaciones

La ausencia de una posición unánime en la CELAC podría complicar la respuesta regional frente a la intervención estadounidense y afectar las dinámicas de integración política en América Latina y el Caribe.