09/01/2026 19:03 - Sociales
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Educación, retuvo más de 177 millones de pesos destinados al pago de salarios y gastos de funcionamiento de la Unidad Educativa de Gestión Privada (UEGP)?N.º?144, conocida como el “Centro Educativo, Cultural y Deportivo Padre Severiano”, ubicada en General Vedia, a 90?km de Resistencia. La medida se fundamentó en supuestas irregularidades administrativas, entre ellas docentes con haberes en otras provincias, ausencia de balances y denuncias penales por presunta defraudación al Estado.
El juez Julián Flores pronunció un fallo a favor de la Fundación Valdocco, que gestiona la escuela, anulando la resolución del Ministerio que ordenaba la clausura y la suspensión de los aportes estatales. En la sentencia, el magistrado ordenó la inmediata restitución del financiamiento retenido y dejó sin efecto cualquier intento de cerrar la institución.
Flores destacó que la escuela no es solo un centro de enseñanza, sino un “dispositivo comunitario integral” que brinda alojamiento, alimentación y atención sanitaria a niños que no encuentran respuesta en el sistema educativo convencional. Señaló que el Estado había incumplido la obligación de realizar una consulta previa, libre e informada a la comunidad wichí, tal como exige el Convenio 169 de la OIT, y advirtió que cerrar la institución sin alternativa vulneraría derechos fundamentales.
La UEGP?144 acoge a aproximadamente 50 niños y adolescentes wichí, muchos provenientes de la zona del Impenetrable. Tras el anuncio judicial, los jóvenes fueron reunidos en el salón común donde un docente leyó en voz alta la carta del juez, que les aseguraba la continuidad de sus estudios, su alimentación y su techo.
El gobierno provincial calificó la decisión de “arbitraria” y prometió apelar. Por su parte, el sacerdote salesiano y diputado Juan?Carlos?Molina, fundador de la Fundación Valdocco, la calificó de “contundente” y la interpretó como una respuesta a una supuesta persecución política y racial. Molina advirtió que, si bien pueden garantizar la alimentación por un tiempo, la institución no puede asumir los salarios de los docentes ni sustituir el rol del Estado.
La sentencia abre la puerta a nuevas investigaciones administrativas y penales relacionadas con la supuesta malversación de fondos. Mientras tanto, la comunidad wichí espera la regularización definitiva del financiamiento y la garantía de sus derechos educativos y sociales.
Fuente: Página 12
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones