El presidente Javier Milei firmó el DNU 941/2025, que transforma a la SIDE en una entidad de contrainteligencia con capacidad de detención y vigilancia masiva. La norma elimina controles democráticos, obliga a todos los organismos estatales a suministrar datos personales y crea una red de inteligencia sin precedentes, generando preocupación entre juristas y defensores de los derechos humanos.

Un nuevo marco para la inteligencia nacional

El 2 de enero de 2026 ingresó en vigor el DNU 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei durante el receso del Congreso. El decreto reformó profundamente la Ley de Inteligencia Nacional y otorga a la SIDE, antes encargada de la seguridad del Estado, facultades propias de una policía secreta, incluida la detención de personas sin orden judicial.

Cambios estructurales clave

Ampliación del concepto de contrainteligencia

El artículo 2° quater amplía la definición de contrainteligencia para incluir cualquier amenaza interna o externa al gobierno, convirtiendo a la SIDE en el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional. Todas las áreas del sector público, desde el ReNaPer hasta ARCA, pasan a ser terminales obligados a remitir información de la ciudadanía.

Secretismo institucional

Se incorpora el artículo 2 bis que declara todas las actividades de inteligencia como encubiertas por sensibilidad, legitimando el ocultamiento de métodos y fuentes sin límite. Esta medida refuerza el uso de fondos reservados para operaciones que escapan al control público.

Facultades de detención y apoyo militar

El decreto habilita a la SIDE a detener personas bajo el artículo 10 nonies y permite solicitar asistencia de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad federales, sin requisitos judiciales previos. Asimismo, la inteligencia militar gana autonomía para producir información sobre organizaciones no estatales de interés.

Riesgos para la libertad y la privacidad

El DNU obliga a todas las dependencias de la Administración Pública a proporcionar datos personales a la SIDE, creando una Comunidad Informativa Nacional sin criterios claros de necesidad, almacenamiento o control. La información recopilada podría ser compartida con agencias extranjeras sin autorización judicial, incrementando la vulnerabilidad de los datos ciudadanos.

Reacciones y llamado a la acción

Juristas, organizaciones de derechos humanos y parte del Congreso han denunciado la inconstitucionalidad del decreto y su potencial para instaurar una vigilancia política de larga data. Se solicita la puesta en marcha de la Comisión Bicameral de Inteligencia y la revocación del DNU para restablecer los controles democráticos sobre la inteligencia estatal.