El Estado argentino denunció este jueves una nueva estrategia de “hostigamiento procesal” por parte del fondo buitre Burford Capital, que solicitó a la jueza Loretta?Preska que declare al país en desacato dentro del polémico juicio por la expropiación de YPF. El Gobierno aseguró haber cumplido con el proceso de discovery y contestará oficialmente antes del 19 de febrero.

Contexto del conflicto YPF

En 2012 el gobierno argentino nacionalizó la petrolera YPF, lo que desencadenó una larga batalla judicial internacional. En 2023 la jueza federal de EE.?UU. Loretta?Preska condenó a la República Argentina a pagar US$16,100 millones más intereses por la supuesta expropiación ilegal.

El pedido de desacato

El pasado jueves 16 de enero de 2026 los fondos buitre Petersen y Eton?Park, respaldados por la firma de litigios Burford Capital, presentaron ante la jueza Preska una moción solicitando que Argentina sea declarada en desacato por supuestas demoras en la entrega de documentos esenciales del proceso de discovery.

El “discovery” es una fase procesal en la que ambas partes deben intercambiar pruebas, como correos electrónicos y comunicaciones oficiales, para que el tribunal pueda valorar los hechos.

Respuesta del Estado argentino

La Procuración del Tesoro de la Nación calificó la medida como una "estrategia de hostigamiento procesal" destinada a "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica del país. Según el Ministerio, Argentina ya entregó más de 113,000 páginas de documentos y testimonios de funcionarios actuales y anteriores, cumpliendo plenamente con las órdenes judiciales.

El Gobierno anunció que contestará la moción conforme al cronograma judicial, con un descargo previsto para el 19 de febrero de 2026.

Implicancias de una posible sanción

De confirmarse el desacato, la jueza Preska podría imponer multas, ordenar la presentación de pruebas adicionales o incluso autorizar embargos sobre activos vinculados al Estado, como el Banco Central o Aerolíneas Argentinas. Argentina rechazó enfáticamente cualquier intento de ejecutar la sentencia contra sus instituciones.

Repercusiones internacionales

El caso se enmarca dentro de los recientes avances judiciales de Argentina, que incluyen la apelación de la sentencia de US$16?mil millones y el “stay” otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, así como el respaldo de varios países, entre ellos Estados Unidos e Israel.

Para más información, consulte la fuente original: Ámbito.

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