El error que desencadenó la investigación

El 20 de enero de 2026, una mujer de 44 años originaria de la provincia de Córdoba denunció haber realizado una transferencia electrónica mediante el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) con el objetivo de pagar a una biblioteca local. Un fallo de tipeo y la selección incorrecta del destinatario provocaron que $3.426.153,42 fueran acreditados en la cuenta de un hombre identificado como G.N.M., residente de Barranqueras, Chaco.

Acción del Departamento de Cibercrimen

El Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Córdoba, en coordinación con su homólogo de Chaco, activó de inmediato protocolos de investigación digital. Se emplearon técnicas de OSINT (Open Source Intelligence) para cruzar datos públicos, bases financieras, alias, CBU/CVU y registros de domicilios. El análisis reveló el domicilio legal del receptor en Barranqueras.

Trabajo de campo y hallazgo en Mercado Pago

Agentes realizaron recorridos y consultas vecinales que confirmaron la identidad del beneficiario. Él manifestó desconocer la acreditación y explicó que manejaba varias cuentas de la plataforma Mercado Pago, muchas de ellas bloqueadas por falta de validación de seguridad. Tras asistirlo en la recuperación de acceso mediante autenticación biométrica y doble factor, un operador de Mercado Pago confirmó la transferencia de $3.426.153,42 en una de esas cuentas bloqueadas.

Devolución del dinero y seguimiento judicial

El operador de Mercado Pago ejecutó un reembolso interno que devolvió los fondos a una cuenta activa del titular. Posteriormente, el Equipo Fiscal N°?13, bajo la dirección del fiscal Víctor Recio, ordenó la restitución inmediata a la víctima y la incorporación de los comprobantes al expediente judicial. La causa sigue en trámite, pero el monto fue devuelto en su totalidad.

Un precedente en la lucha contra los fraudes digitales

Esta operación destaca la eficacia de la coordinación entre unidades de cibercrimen y el sector financiero para revertir errores de transferencia que, de otro modo, podrían convertirse en pérdidas irrecuperables. El caso se suma a antecedentes como el de Verónica Acosta (San Luis, 2025), subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante fraudes bancarios.