El presidente colombiano Gustavo Petro generó controversia al insinuar que Jesús mantuvo una relación amorosa con María Magdalena. Ante estas palabras, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió un contundente pronunciamiento el 28 de enero, reafirmando la figura de Jesucristo como Hijo de Dios y recordando la obligación constitucional de garantizar la libertad religiosa.

El martes 27 de enero de 2026, durante la ceremonia de reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, el presidente Gustavo Petro afirmó que "Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena" y describió al líder religioso como rodeado de mujeres que lo amaban hasta su muerte. Estas declaraciones, sin respaldo bíblico ni doctrinal, provocaron una reacción inmediata de la Iglesia católica. Al día siguiente, 28 de enero de 2026, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) emitió un comunicado oficial en el que reiteró que Jesucristo es el Hijo único de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, y que su persona "reclama respeto y adoración". Los obispos enfatizaron que la fe cristiana se sustenta en la revelación de Dios en la persona de Jesús, tal como lo testimonian las Sagradas Escrituras y la Tradición viva de la Iglesia. En el mismo documento, la CEC recordó que Colombia es un Estado social de derecho laico, cuyo deber es garantizar el respeto a las convicciones religiosas de todos los ciudadanos. Citó la Constitución Política de 1991, la Sentencia C?817 de 2011 de la Corte Constitucional y el artículo 4 de la Ley 133 de 1994 (Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos), que obligan a proteger la libertad de culto y a evitar que autoridades civiles emitan juicios de carácter teológico. Los obispos instaron a los fieles a profundizar en los Evangelios y en el Catecismo de la Iglesia para comprender a Jesús como Señor y Mesías, y exhortaron a quien tenga dudas a buscar información en fuentes objetivas de los evangelios, evitando interpretaciones superficiales o sensacionalistas. Este episodio pone de relieve el delicado equilibrio entre la laicidad del Estado y la libertad religiosa, recordando que ninguna autoridad civil está llamada a dictar doctrina teológica, mientras que la protección de la fe es una responsabilidad constitucional. La comunidad católica concluyó su comunicado con un llamado al respeto mutuo y a la convivencia pacífica, subrayando la importancia de que se respeten los derechos de los millones de colombianos que profesan su fe en un contexto de pluralismo religioso.