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02/02/2026 11:09 • Actualidad
El 8 de enero de 2026, los restos de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, fueron hallados envueltos en bolsas de consorcio dentro de un basural del barrio Manantial Sur, en la localidad de Yerba Buena, Tucumán. La joven había desaparecido 48 horas antes y su madre no había denunciado su ausencia por considerarla habitual. La autopsia reveló traumatismo cráneo?facial y cervical, con una posible luxación temporomandibular.
El principal sospechoso del homicidio es Felipe Sosa, exmilitar de 51 años, detenido el 17 de enero de 2026 en Pilar, provincia de Buenos Aires. Sosa fue imputado formalmente y, tras la autopsia, se le impuso prisión preventiva de seis meses. Actualmente se encuentra recluido en la Unidad 6 del Complejo Penitenciario Benjamín Paz.
El domingo 2 de febrero de 2026, la División Homicidios de la Policía provincial ejecutó una operación simultánea en varios domicilios del Gran San Miguel de Tucumán. La sospechosa, identificada como J.G., empleada judicial, fue localizada en la casa de un hermano dentro de un country de Yerba Buena. Se le incautó un automóvil y su teléfono móvil, los cuales serán peritados.
J.G. es la pareja de Felipe Sosa y, según fuentes judiciales, habría mantenido encuentros sexuales con la víctima la noche del crimen, aunque todavía no está claro si su participación estuvo vinculada al homicidio o a un encubrimiento.
Joaquín Girvau, jefe de Policía de Tucumán, calificó la detención de J.G. como "clave para el esclarecimiento" del caso y anunció que la investigación continuará ampliándose, incluyendo posibles vínculos con el narcotráfico y la búsqueda de nuevos sospechosos.
El fiscal Marcelo Leguizamón y el fiscal Carlos Picón han presentado solicitudes de detención contra la sospechosa; sin embargo, la Justicia había rechazado previamente algunas de ellas, lo que retrasó la captura.
Las hermanas de la víctima comparecieron en la fiscalía y confirmaron que J.G. había participado en encuentros sexuales con la víctima y que había hostigado a Antonella a través de redes sociales poco antes del crimen.
Las autoridades han señalado que seguirán peritiando el móvil incautado, la moto supuestamente usada por Sosa, y los dispositivos electrónicos de J.G. Además, se ha iniciado una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia para rastrear posibles cómplices.
El caso sigue abierto y las investigaciones continúan avanzando, con la expectativa de que la detención de J.G. aporte nuevas pruebas que permitan cerrar este críminalmente complejo escenario.