Contexto legislativo

La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Congreso en septiembre?2025, fue vetada por el presidente en agosto de 2025 alegando falta de fondos. El Senado anuló el veto en septiembre y, posteriormente, la normativa quedó suspendida a la espera de una fuente de financiamiento. En diciembre?2025, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana revocó la suspensión y ordenó la aplicación inmediata, fijando como fecha límite el 4?de?febrero?2026.

Decreto 84/2026: contenido esencial

El Decreto 84/2026, publicado el 4?de?febrero?de?2026 en el Boletín Oficial, establece:

• Un régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, denominado “Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social”. Se proyecta la incorporación de al menos 400?mil beneficiarios en los próximos años.
• La convocatoria del Consejo Federal de Discapacidad para definir criterios de evaluación socio?económica y de incompatibilidades.
• La condonación del 100?% de las deudas de centros con ARCA y la apertura de una ventanilla para el cobro de compensaciones de emergencia.
• Obligatoriedad de actualizar el “nomenclador” de valores de horas de servicio para escuelas y centros de integración.
• Procedimientos de auditoría y control que deberán presentarse en un plazo de 30?días.

Reorganización institucional

Con la reglamentación, la Secretaría Nacional de Discapacidad pasa a depender del Ministerio de Salud. El mismo decreto nombra a Alejandro Alberto Vilches como nuevo Secretario Nacional de Discapacidad. Vilches había sido designado como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto?2025.

Reacciones

Organizaciones de derechos de personas con discapacidad y la actriz Valentina?Bassi, madre de un adolescente con autismo, calificaron el decreto como “un paso adelante”, pero siguieron advirtiendo que la verdadera prueba será la asignación de recursos y la garantía de servicios como transportes, terapias y salarios a los profesionales del sector.

Próximos desafíos

El gobierno deberá:

• Definir el financiamiento definitivo del nuevo esquema de pensiones.
• Implementar los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas en coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad.
• Superar las “letras chicas” pendientes, como la actualización de los talleres protegidos y los haberes de los trabajadores con discapacidad, que actualmente se mantienen en 38?mil pesos mensuales.

El plazo para cumplir con la totalidad de la normativa expira el 4?de?febrero?de?2026; de no hacerlo, el Juzgado de Campana señaló que podrían aplicarse sanciones económicas y penales.