Contexto constitucional y autonomía de la justicia laboral

La Constitución Nacional reconoce la existencia de una justicia laboral autónoma, diseñada para proteger los derechos de los trabajadores mediante tribunales especializados. Sin embargo, desde su creación hace más de 30 años, su desarrollo quedó rezagado por la constante falta de voluntad política, lo que generó una situación de "cajoneo" y de ausencia de procedimientos operativos en la mayor parte del país.

Situación en las provincias

En la mayoría de las provincias argentinas, la justicia laboral sigue siendo una instancia local, dependiente de los gobiernos provinciales y, en muchos casos, sin la infraestructura necesaria para atender la creciente demanda de casos laborales. Esta dispersión provocó desigualdades en el acceso a la justicia y retrasos judiciales que afectaron a millones de trabajadores.

El anuncio del traslado

El 12 de febrero de 2026, la cuenta @madorni de Manuel Adorni publicó el siguiente mensaje: "EL TRASPASO DE LA JUSTICIA LABORAL A LA CIUDAD ES UN HECHO HISTÓRICO. 30 años de excusas. 30 años de cajoneo. 30 años de una autonomía escrita en la Constitución, pero frenada por el inmovilismo de la casta política. En todas las provincias la justicia laboral es local, pero…". El tuit, que se puede consultar en https://x.com/madorni/status/2021934151234900043, subraya la trascendencia del cambio y la urgencia de una justicia laboral centralizada en la capital.

Implicancias del traslado

• Unificación de criterios jurisprudenciales: Al concentrar la justicia laboral en la Ciudad, se espera una mayor homogeneidad en la interpretación de normas laborales.
• Mejora en los tiempos procesales: La infraestructura y recursos de la Ciudad de Buenos Aires permitirán acelerar la resolución de conflictos.
• Impacto en los trabajadores: Se estima que más de 2 millones de empleados que actualmente deben recurrir a tribunales provinciales obtendrán un acceso más rápido y eficaz a la justicia.
• Desafíos institucionales: El traslado requerirá la adaptación de la normativa provincial y la coordinación con los gobiernos locales para evitar superposiciones de competencias.

Reacciones y perspectivas

El anuncio ha generado expectativas entre sindicatos y organizaciones sociales, que ven en la medida una oportunidad para fortalecer la defensa de los derechos laborales. Por otro lado, algunos representantes provinciales expresan preocupación por la pérdida de autonomía judicial local.

En definitiva, el traslado de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires constituye un paso decisivo para materializar la autonomía prevista en la Constitución y ofrecer una respuesta más ágil a los conflictos laborales que afectan a la sociedad argentina.