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23/02/2026 23:04 • Politica
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques renunció a integrar la sala que debe resolver dónde continuará la investigación por la quinta en Pilar vinculada a dirigentes de la AFA, en un caso que combina presunto lavado de activos, helipuertos no declarados y más de 50 autos de alta gama.
La decisión de Mahiques se produce en medio de un contexto de alta exposición mediática y política, ya que el expediente busca determinar quién es el verdadero propietario de una propiedad de 5,5 hectáreas valuada en más de USD 20 millones, que figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, mientras la Justicia analiza si el dirigente de la AFA, Pablo Toviggino, actuó como dueño real a través de terceros.
La Cámara de Casación debe definir si la investigación continúa en:
El fiscal Carlos Cearras apeló la decisión que derivó el expediente al juzgado federal de Campana.
Antes de Mahiques, intervino el juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó el allanamiento del predio, dispuso su tasación y dictó embargos. Luego el caso pasó al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Actualmente, el expediente se encuentra en el juzgado federal de Campana.
La defensa de Toviggino impugnó la competencia del fuero federal, argumentando que no existirían delitos federales. El fiscal Cearras sostiene que los presuntos ilícitos sí tienen carácter federal y solicitó que la causa permanezca en esa jurisdicción.
Según información previa, el juez González Charvay había intentado levantar la custodia policial de la propiedad, medida que fue opuesta por el fiscal Sebastián Bringas. Además, la AFA cambió su domicilio legal a Pilar en 2024, pero ARCA (ex AFIP) verificó que se trata de un terreno baldío.
El caso adquirió relevancia política y judicial por las conexiones entre sectores del Poder Judicial y la conducción de la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia. La investigación también analiza movimientos aéreos y la utilización de una aeronave que registró vuelos hacia y desde la propiedad.
Los presuntos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte figuran como propietarios en los registros, pero la Justicia sospecha que no tienen capacidad económica para adquirir tal patrimonio.
Con la renuncia de Mahiques a integrar la sala, la Cámara Federal de Casación Penal deberá reconfigurar su integración para resolver el conflicto de competencia. Los otros camaristas que intervienen son Daniel Petrone y Javier Carbajo.
La decisión que tome la Cámara será determinante para el futuro de la causa: si permanece en el fuero federal, el juez González Charvay podría continuar con la investigación; si regresa al fuero Penal Económico, retomaría el juez Aguinsky.
Fuentes: BAE Negocios, información judicial previa.