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25/02/2026 12:04 • Actualidad
La Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU), creada para implementar la Ley 27.453 de 2018 y ratificada en 2022 hasta 2032, está siendo desmantelada según denunciaron la Iglesia Católica, Cáritas Argentina y organizaciones sociales. El área es responsable de planificar proyectos de infraestructura en los barrios populares del país.
El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, encabeza el reclamo con una advertencia contundente: "Cuando el Estado se retira abruptamente, va entrando el narcotráfico con todo lo que eso implica".
El ajuste comenzó con la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU) mediante el decreto 312/25, que quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía a cargo de Luis "Toto" Caputo. El Poder Ejecutivo cuestionó el funcionamiento del fondo y denunció al dirigente Juan Grabois por presuntas irregularidades.
Sin embargo, Grabois fue sobreseído en julio de 2025 al no encontrarse pruebas de malversación. El funcionario Sebastián Pareja, quien estuvo a cargo del FISU, declaró públicamente que "no había encontrado corrupción en las obras, sino todo lo contrario", ya que se trataba de fondos auditados por universidades y organismos internacionales.
En Tandil, once vecindarios relevados por el Renabap albergan unas 2.000 familias con distintos niveles de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentra la toma en La Movediza, sobre la cual pese una orden judicial de avanzar en la urbanización.
Organizaciones barriales, sindicatos y la Facultad de Humanas de la Unicén salieron a defender la política pública que se gestó en 2018 con amplio consenso. Realizaron conferencias de prensa en la sede de ATE con participación del MTE, Suteba, CGT Tandil, La Poderosa de Villa Cordobita, Patria Grande y Movimiento Evita.
"Cuando el Estado se corre de las barriadas populares, el lugar lo ocupan organizaciones como el narcotráfico", advirtieron los referentes locales, quienes llamaron al Municipio y la Provincia a "no mirar para un costado".
Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, expuso la realidad de quienes viven en asentamientos sin servicios básicos: "Los vecinos recurrieron a conexiones eléctricas precarias, con riesgos fatales, incendios provocados por instalaciones irregulares y muertes por inundaciones".
Juan Maquieyra, director de TECHO Argentina, lanzó una interpelación: "¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una dónde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir 11 años menos?".
Fernanda García Monticelli, exsubsecretaria de Gestión de Tierras, advirtió que "no se está desmantelando una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política. Son los relevadores, los que están en territorio y quienes son una defensa ante desalojos".
El Juzgado Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que obligan al Estado nacional a garantizar la continuidad de la política pública y suspenden los intentos de disolución del FISU. Sin embargo, los recortes continúan.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a movimientos sociales, cooperativas de trabajo y organizaciones de recicladores, realizó una protesta en Plaza de Mayo montando 12 casillas de madera que conformaron un barrio de emergencia simbólico para visibilizar el reclamo.
La Ley 27.453, sancionada en 2018 y ratificada en 2022, extendió hasta 2032 el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Esta norma institucionalizó una política de integración socio-urbana que había comenzado en 2016, con el objetivo de urbanizar asentamientos informales y garantizar el acceso a servicios básicos.
El Renabap es el primer relevamiento oficial de barrios populares del país y permitió identificar las necesidades específicas de cada comunidad para diseñar intervenciones coordinadas entre Estado, organizaciones sociales y universidades.
