26/02/2026 22:23 - Politica
El Senado de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión histórica que contó con el respaldo del oficialismo y legisladores provinciales. La modificación otorga a las provincias la facultad de determinar la relevancia hídrica de los glaciares y ambientes periglaciares, un cambio que genera intensos debates entre sectores productivos y ambientalistas.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, establecía protección federal para todos los glaciares y geoformas periglaciares del país, que abastecen de agua a aproximadamente 7 millones de argentinos. La reforma aprobada modifica este esquema centralizado, permitiendo que cada provincia defina cuáles son las zonas de importancia hídrica.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la decisión a través de su cuenta en redes sociales, señalando que la medida busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico de las provincias.
La votación contó con el respaldo del bloque oficialista y legisladores aliados, incluyendo a Carolina Moisés, Sergio Uñac y Lucía Corpacci, cuyos votos resultaron determinantes para alcanzar la mayoría necesaria.
La diputada Myriam Bregman calificó la reforma de "extractivista", advirtiendo sobre los riesgos ambientales que podría generar. Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, defendió la iniciativa argumentando que las provincias tienen derecho a gestionar sus recursos naturales.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es su impacto potencial en proyectos mineros de gran envergadura. El proyecto Vicuña, con una inversión estimada de USD 18.000 millones, podría verse beneficiado si la provincia de San Juan determina que las zonas donde se emplazaría no tienen relevancia hídrica prioritaria.
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina advirtieron sobre el daño visible que la minería genera en los glaciares, señalando que en los últimos 10 años la superficie glaciar del NOA se redujo un 17%.
El proyecto ahora pasa a Diputados para su tratamiento. La Cámara baja deberá analizar las modificaciones introducidas por el Senado y votar su aprobación final. Organizaciones ambientalistas anunciaron que continuarán con movilizaciones y campañas informativas para presionar a los legisladores.
La reforma se enmarca en un paquete de medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei que buscan desregular sectores productivos y facilitar inversiones en el país, aunque generan fuertes debates sobre el balance entre desarrollo económico y protección ambiental.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones