Antecedentes del conflicto

Argentina fue condenada en 2022 por un tribunal de arbitraje internacional a pagar **USD?16.100 millones** al estado boliviano por la expropiación del 51?% de YPF, la mayor compañía de energía del país. La sentencia, dictada bajo el marco del Acuerdo de Solución de Controversias de la OACI, ha sido objeto de múltiples recursos.

Burford Capital y la financiación de litigios

Burford Capital, firma estadounidense especializada en financiar procesos judiciales, adquirió la posición de Argentina en el arbitraje de YPF y ahora reclama USD?18.000 millones en concepto de intereses, costos y honorarios. La solicitud se presentó ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, donde la empresa busca que el tribunal reconozca su derecho a cobrar el monto total.

Respuesta del gobierno argentino

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la defensa del Estado han anunciado que Argentina continuará apelando todas las decisiones adversas y que está evaluando estrategias para “anular” la condena, según declaraciones del canciller y del subsecretario de Asuntos Legales. En los últimos días, funcionarios describieron la demanda de Burford como una “última carta” en una larga batalla judicial.

Implicancias económicas y políticas

Una posible condena de $18?mil millones tendría un impacto significativo en las finanzas públicas, considerando que la deuda externa de Argentina supera los $300?mil millones. Además, la disputa pone de relieve el uso creciente de la financiación de litigios por parte de terceros, una práctica que ha generado críticas y polémicas en el ámbito internacional.

Próximos pasos

La Corte de Apelaciones de Nueva York tiene prevista una audiencia preliminar para el primer trimestre de 2026. Mientras tanto, Argentina sigue negociando con sus acreedores y con el Fondo Monetario Internacional para buscar alternativas que mitiguen el efecto de la posible condena.