Una audiencia histórica con restricciones polémicas

La Audiencia Pública por la modificación de la Ley de Glaciares, programada para los días 25 y 26 de marzo de 2026, se convirtió en el centro de un conflicto institucional sin precedentes. Con más de 70.000 ciudadanos inscriptos para participar, el oficialismo dispuso medidas que organizaciones ambientales califican de "atropello" y "violación al derecho a la participación".

La decisión de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, de limitar las exposiciones orales a solo 200 personas - menos del 0.3% de los inscriptos - activó alertas en los bloques opositores y motivó la presentación de medidas cautelares ante la Justicia.

El diputado Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, envió una nota estableciendo que solo podrán ingresar a la sala:

• Diputados miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales
• Los 200 expositores seleccionados para manifestarse presencialmente
• Personal parlamentario
• Solo dos asesores por bloque

El resto de los inscriptos deberá enviar su postura por escrito o grabar un video, subirlo a YouTube y remitir el enlace, una modalidad que las organizaciones ambientalistas consideran "incompatible con los estándares más elementales de participación pública".

Ante estas restricciones, un conjunto de organizaciones presentó una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico. Las organizaciones demandantes son:

La cautelar solicita que se ordene al Congreso:

• Garantizar la participación oral de TODOS los inscriptos
• Readecuar el cronograma de audiencias con jornadas adicionales
• Abstenerse de reemplazar la participación oral por videos de YouTube

Nota: Al cierre de esta edición, el juez Enrique Alonso Regueira (Juzgado Nº 5) rechazó otra cautelar similar presentada por los activistas Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis.

El Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina en 2018, es un tratado internacional que garantiza los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Establece que los Estados deben asegurar la participación efectiva de la ciudadanía en decisiones ambientales, especialmente cuando están en juego recursos naturales protegidos.

Las organizaciones argumentan que limitar la participación oral de 70.000 ciudadanos a solo 200 personas viola los estándares internacionales firmados por Argentina y podría derivar en la declaración de inconstitucionalidad de los cambios que el gobierno busca aprobar.

En una reunión del PJ, el diputado Máximo Kirchner presentó datos oficiales sobre las exportaciones mineras provinciales para cuestionar la necesidad de modificar la ley:

Kirchner señaló que "las exportaciones mineras crecieron sin modificar la Ley de Glaciares", con un incremento de 700 millones de dólares solo en Santa Cruz.

Sobre el empleo, citó cifras del sector: 87.459 trabajadores registrados en 2015 versus 89.511 en 2025, un aumento de apenas 2.000 empleos en una década, mientras el valor de las exportaciones se multiplicó.

• Audiencias públicas: 25 y 26 de marzo de 2026
• Intención del oficialismo: dictaminar la semana siguiente y votar en abril
• Objetivo declarado: habilitar proyectos bajo el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones)
• Presentación cautelar: Juzgado Nº 7 de Enrique Lavié Pico

El presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, declaró que la cantidad de inscriptos es "récord a nivel mundial" y demuestra el interés social que despierta el tema.