30/03/2026 11:13 - Politica
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió el viernes 28 de marzo de 2026 la condena que obligaba a Argentina a pagar USD 16.000 millones (más USD 2.000 millones en intereses) por la expropiación de YPF en 2012. El tribunal, integrado por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, determinó que la jueza de primera instancia Loretta Preska había cometido un error de interpretación del derecho argentino.
El fallo representa un alivio gigantesco para las finanzas públicas: el monto total comprometido equivalía a casi el 15% del PBI nacional. Burford Capital, el fondo buitre que había comprado los derechos litigiosos, vio desplomarse sus acciones un 43% tras conocerse la decisión judicial.
La administración de Donald Trump jugó un papel determinante en el desenlace. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cinco veces como amicus curiae (amigo del tribunal) argumentando a favor de Argentina, algo que el procurador del Tesoro Sebastián Amerio destacó como decisivo.
"Estados Unidos nos apoyó varias veces en el expediente. Y eso sí pesa", reconoció Amerio en declaraciones a Radio Mitre. El funcionario confirmó que doce países se presentaron como amigos del tribunal respaldando la posición argentina.
La secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal explicó la estrategia multifocal: "Un juicio de esta magnitud no se gana con un argumento jurídico, sino con una estrategia integral". El equipo coordinó la Procuración del Tesoro, Cancillería, Economía y la Embajada en Washington bajo la guía del presidente Milei.
El fallo desató una triple puja política por la paternidad del resultado:
El secretario de Comunicación Javier Lanari publicó en X: "Destrozaron la matriz energética. Rompieron los incentivos de producción. Regalaron la energía. Y ahora se arrogan el logro jurídico más importante de la historia...".
La euforia por el fallo duró poco. El juez federal Ariel Lijo resolvió el sábado dar curso a la investigación contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, con miras a una posible imputación. El contraste fue inmediato: de celebrar uno de los mayores logros del Gobierno a enfrentar un nuevo giro judicial contra uno de los propios en cuestión de horas.
Adorni está bajo escrutinio por:
El sábado, la Justicia federal dictó medidas de protección urgentes para Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, quien denunció hostigamiento y presiones por parte de Grandío tras declarar en la causa. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó las medidas tras la denuncia de la testigo.
El fallo por YPF reconfiguró las fuerzas internas del Gobierno. El equipo jurídico vinculado a Santiago Caputo - la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica - emergió fortalecido tras el triunfo judicial.
La secretaria general de la Presidencia Karina Milei decidió sostener a Adorni pese a los cuestionamientos. "Los esfuerzos están para preservarlo", admiten en el oficialismo. Sin embargo, el horizonte es incierto: "Si queda o no lo dirá el tiempo y la incidencia de la conversación pública", reconoció una fuente libertaria.
La disputa por áreas clave del Gobierno se intensificó: la Secretaría de Legal y Técnica, que había quedado bajo observación, recibió respaldos públicos tras el fallo. También se reordenan comisiones estratégicas en Diputados, como la de Juicio Político, que podría quedar bajo la órbita de Lilia Lemoine, y la de Minería, donde aparece la catamarqueña Fernanda Ávila.
Burford Capital anunció que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos y evaluará presentar el caso ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), donde Argentina ya contabiliza siete causas. El escenario más probable, según el Gobierno, es que el fondo primero solicite una revisión por el pleno del Segundo Circuito.
El Gobierno acelerará negociaciones con gobernadores y buscará avanzar con reformas estructurales antes de que el calendario electoral de 2027 rigidice las posiciones. El diagnóstico interno es que los efectos económicos podrían demorarse entre tres y cuatro años.
El exjefe de Gabinete Guillermo Francos admitió en una entrevista que tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires el año pasado "temió por la continuidad del Gobierno" y "veía venir el malón", aludiendo a un posible avance opositor sobre un eventual juicio político.
Burford Capital es un fondo de litigios (conocido como "fondo buitre") que compró los derechos litigiosos de Petersen (empresa de los Eskenazi) y Eton Park por aproximadamente USD 77 millones, a cambio del 35% de cualquier sentencia favorable. El fondo usó declaraciones públicas de Milei de octubre y diciembre de 2023 prometiendo pagar para convencer a inversores. Gerry Mato, un exfuncionario del gobierno de Trump, hizo lobby por Burford.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones