18/04/2026 03:07 - Economia
La justicia confirmó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y dejó sin margen al Poder Ejecutivo para seguir postergando transferencias.
Este viernes 17 de abril de 2026 a las 9:30 vence el plazo legal para que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis 'Toto' Caputo, desembolse los $2,5 billones que establece la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795). El fallo judicial, que el Gobierno ya anunció que apelará ante la Corte Suprema, confirma la obligación del Estado de transferir esos fondos a las universidades nacionales.
Según informó La Política Online, el Ejecutivo considera 'altamente improbable' que la Corte otorgue un efecto suspensivo que postergue el pago, lo que obligaría a cumplir con la sentencia aunque se encuentre en apelación.
El desembolmo de $2,5 billones impacta directamente sobre el superávit fiscal que el Gobierno ha exhibido como principal logro de su gestión. Ese equilibrio fiscal, según analistas económicos, se construyó sobre la base de postergar obligaciones legales del Estado.
El economista Christian Buteler explicó: 'El resultado base caja esconde la deuda flotante de lo devengado no pagado y en la calle se ve por ejemplo en los conflictos con PAMI, colectivos, Ley de Financiamiento Universitario, Discapacidad, etc.'
El superávit se sostuvo mediante:
Según datos verificados, las transferencias a universidades nacionales cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026. Los salarios universitarios subieron un 158% mientras que la inflación alcanzó el 280%, lo que representa una pérdida del 32% del poder adquisitivo, equivalente a 7,3 salarios perdidos.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en septiembre de 2025 y su veto fue derogado por el Congreso. El secretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez y el portavoz presidencial Manuel Adorni son los responsables de la redistribución de fondos.
Si el Gobierno no cumple con el pago, enfrentaría un nuevo escenario de desacato judicial. La apelación ante la Corte Suprema busca demorar el desembolso, pero los especialistas consideran que el efecto suspensivo es poco probable.
El pago de $2,5 billones representa un monto capaz de erosionar significativamente el superávit o forzar un recorte adicional en otras partidas. La caída de la recaudación por la recesión económica complica aún más el escenario fiscal.
Este viernes se definirá si el Estado cumple con su obligación legal o si profundiza el conflicto con el poder judicial y el sector universitario.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones