En una movida que busca posicionar a la Argentina en la vanguardia de la revolución tecnológica global, el presidente Javier Milei publicó este miércoles una columna de opinión en el diario británico Financial Times. Bajo el título "Argentina invita a la IA a liberarse", el mandatario lanzó una propuesta audaz para atraer inversiones en inteligencia artificial, comparando el potencial de Buenos Aires con el rol histórico de Ámsterdam en el comercio marítimo.

La estrategia se materializa en un proyecto de Ley de Sociedades enviado al Congreso la semana pasada, que introduce conceptos revolucionarios en la legislación argentina. El objetivo es claro: convertir al país en un polo de desarrollo tecnológico, ofreciendo seguridad jurídica y ventajas competitivas frente a otras naciones que, según la visión oficial, aplican regulaciones más restrictivas.

Los tres pilares de la propuesta

El plan presentado por el Ejecutivo se fundamenta en tres ejes clave para atraer al capital tecnológico:

• 1. Baja regulación: Milei sostiene que la IA debe desarrollarse "libre, sin mano dura ni una regulación prematura y mal comprendida", promoviendo un entorno de libertad tecnológica.
• 2. Corporaciones no humanas: Se crea una nueva categoría societaria que permite empresas operadas íntegramente por sistemas de IA o robots, sin necesidad de accionistas humanos directos, pero protegidas bajo el principio de responsabilidad limitada.
• 3. Beneficios fiscales: Se promete una baja carga impositiva corporativa y la libertad para que los accionistas elijan la jurisdicción legal bajo la cual regirse.

Sin embargo, el presidente aclaró que existe un requisito fundamental de transparencia: los inversores deberán identificar a los beneficiarios finales de los fondos para evitar que Argentina se convierta en un "paraíso fiscal para el capital ilícito".

Modernización del marco jurídico

El ministro Sturzenegger defendió la iniciativa señalando que "se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios". Según el funcionario, el proyecto moderniza el derecho societario argentino, adaptándolo a la economía del siglo XXI y pasando de un régimen rígido basado en la desconfianza a uno flexible centrado en la autonomía.

La propuesta habilita la creación de "sociedades automatizadas" y permite que las empresas resuelvan conflictos bajo jurisdicciones extranjeras, una medida considerada clave para generar confianza en inversores internacionales que buscan previsibilidad legal.