05/06/2026 21:03 - Actualidad
Estudiantes universitarios protestando pacíficamente frente a edificio académico histórico con banderas argentinas, cartel con leyenda sobre educación pública, día soleado
Aumento salarial docente
Más para becas Belgrano
Más gastos funcionamiento
Para hospitales universitarios
En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal. La propuesta económica fue calificada de "razonable" por fuentes universitarias, pero chocó contra una condición inapelable: las casas de estudio debían retirar la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, exige aumentos salariales y de becas según el IPC. La cifra total involucrada ronda los 2,5 billones de pesos. Según el Gobierno, esa suma atentaría contra el superávit fiscal. Las universidades cuentan con una medida cautelar favorable, ratificada dos veces, pero actualmente suspendida tras un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo.
| Concepto | Propuesta | Detalles |
|---|---|---|
| Salario docente | 24,3% de aumento | 21,3% en junio + 3% en octubre |
| Becas Manuel Belgrano | 50% de incremento | Partida adicional para estudiantes |
| Gastos de funcionamiento | 20% de aumento | Para operaciones universitarias |
| Hospitales universitarios | $50.000 millones | Fondo adicional específico |
| Paritarias | Cada 3 meses | Comisión técnica para período adeudado 2024 |
Fuentes del sector universitario fueron claras: "Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación". Los rectores sostienen que la demanda judicial funciona como un resguardo institucional que no pueden perder y que no existe consenso en la comunidad académica para ceder ese terreno.
Desde el Ejecutivo cuestionan que el CIN (conducido por Franco Bartolacci) "no esté dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad", lo que "lleva a todos a un conflicto sin solución".
Los rectores argumentan que la propia propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto. Su posición: "Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos".
El paro nodocente de 48 horas que finalizó ayer tuvo un 95% de acatamiento en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), según informó el gremio Atulp. Solo funcionaron con normalidad las facultades de Económicas, Informáticas y Odontología (principalmente en su hospital universitario).
Los colegios preuniversitarios dependientes de la UNLP —Anexa, Nacional, Liceo y Bachillerato de Bellas Artes— permanecieron sin actividades el miércoles y jueves. En lo que va del año, entre paros docentes y nodocentes, se acumulan más de 30 días sin clases o con clases parciales.
Se evalúa realizar una nueva marcha el 9 de junio. La definición del primer cuatrimestre permanece en incertidumbre. Las universidades aguardan también la convocatoria del Gobierno para acordar la distribución de los más de $79.000 millones destinados a hospitales universitarios, cuyo congelamiento generó advertencias sobre la continuidad de la atención médica.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso para garantizar actualizaciones salariales y de becas automáticamente según la inflación (IPC). El Gobierno argumenta que cumplir esta ley pondría en riesgo el superávit fiscal que alcanzó los USD 7.000 millones según datos oficiales de junio 2026.
La tensión entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas se inscribe en un contexto más amplio de ajuste fiscal y debates sobre la financiación de la educación pública en Argentina. Mientras el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal, el sector universitario reclama recursos que consideran vitales para sostener la calidad educativa.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones