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Crisis en la obra social de Camioneros: recortes en medicamentos y pedido de intervención

06/06/2026 03:15 - Politica

Una farmacia con estantes vacíos y una receta médica en el mostrador, representando la crisis de cobertura de medicamentos de una obra social

La obra social del Sindicato de Camioneros atraviesa una grave crisis financiera que afecta a 190.000 afiliados. Se reportan deudas de más de $32.000 millones con prestadores, suspensión de descuentos en medicamentos y pedidos de intervención por presuntas irregularidades en la gestión.

La crisis de la obra social de Camioneros

La obra social del Sindicato de Camioneros (OSCHOCA) se encuentra en una situación crítica que afecta directamente a sus 190.000 afiliados. Según denunció la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), la entidad arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias prestacionales que se han agravado en los últimos meses.

La deuda con prestadores en las seccionales del interior ascendía a $32.400 millones a febrero de 2026, según la presentación realizada ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Si se computa la provincia de Buenos Aires, la cifra podría llegar a $60.000 millones.

Recortes en medicamentos

Según informó el diario Clarín, varias farmacias dejaron de vender con descuento a afiliados de la obra social por deudas impagas. La última alternativa era Farma Social, ubicada en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, a 200 metros de la sede sindical de Hugo Moyano, pero en los últimos días también dejó de entregar productos con cobertura.

A quienes se acercaron con recetas para comprar medicamentos, sondas, leches medicamentosas para bebés y pañales, les informaron que no había stock. La opción que les ofrecieron fue pagar el 100% del valor y luego solicitar reintegro, una salida que muchos afiliados dijeron no poder afrontar.

"Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. No sé qué quieren que hagamos. Pasaron un límite, es la medicación de los chicos", relató un afiliado que pidió reserva de identidad.

Los descuentos para los afiliados variaban según la rama del gremio: desde el 50% en medicamentos (40% del PMO + 10% adicional para mutualistas) hasta el 90% para afiliados de la rama recolección de residuos.

Pedidos de intervención y denuncias

La legisladora Graciela Ocaña realizó en abril de 2026 un pedido formal de intervención ante la Superintendencia de Servicios de Salud basándose en el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que faculta a la autoridad sanitaria a intervenir obras sociales ante deficiencias graves. Sin embargo, la SSS nunca le dio una respuesta oficial.

Ocaña también anticipó que pedirá a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre las 6 empresas de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, una de las cuales se encarga del gerenciamiento de la obra social. Zulet es la fundadora de IARAI S.A., la empresa que gerencia OSCHOCA.

En su presentación, Ocaña afirmó: "Obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud."

Contexto financiero

La crisis se produce pese a que la obra social recibe mensualmente $4.750 millones de las cámaras empresariales como contribución pactada en paritarias ($25.000 por trabajador cada 30 días).

El deterioro financiero de OSCHOCA lleva al menos cuatro años. A fines de 2025, no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, lo que derivó en protestas en clínicas de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y el Sanatorio Antártida de Caballito.

Circulan versiones sobre la posible venta del Sanatorio Antártida y de un predio de 10 hectáreas en Escobar perteneciente a la mutual, como parte de una búsqueda urgente de liquidez.

Antecedentes judiciales

La presentación de Ocaña recordó denuncias iniciadas en 2006 y actuaciones judiciales sobre un presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas al entorno familiar de Moyano, en especial IARAI S.A.

La Unidad de Información Financiera denunció en 2013 maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y firmas como IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., vinculando esas operaciones con la supuesta sustracción de más de $570 millones.

Entre los balances de 2017 y 2022, la obra social registró capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo en negativo, mientras la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.

Fuente: Infobae
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