09/06/2026 15:08 - Actualidad
Profesores universitarios en asamblea con carteles de reclamos salariales y banderas argentinas, ambiente de negociación académica
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene previsto firmar este martes 10 de junio de 2026 un acuerdo de recomposición salarial con el Gobierno nacional que contempla un aumento del 24,33% distribuido en dos tramos. Según confirmó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la propuesta incluye un ajuste del 21,33% en julio y un 3% adicional en octubre.
La recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 de 2025, y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. El acta también incorporaría un compromiso para que los salarios universitarios no sigan perdiendo frente a la inflación durante el resto del año.
El acuerdo prevé un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso, avance y finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país.
Se destinarían $50.000 millones de pesos para financiar los hospitales universitarios, una demanda histórica del sector que enfrentaba una situación presupuestaria crítica.
Las conversaciones incluyen una discusión específica sobre una asignación para el personal docente de establecimientos preuniversitarios. En estos colegios de nivel medio, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, la situación salarial es más delicada debido a la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
Pese al eventual acuerdo económico, los rectores no retirarán la demanda judicial contra el Estado nacional. El reclamo se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos ocasiones, aunque permanece suspendida por un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La resolución definitiva está en manos del máximo tribunal, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.
El Gobierno sostiene que la ley es "ilegal" porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos.
Desde el sector sindical persisten las reservas. Conadu expresó su cautela ante el acuerdo: "Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo".
Los gremios reclaman la apertura de una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales, tanto para docentes como para no docentes.
Fuentes: Infobae
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones