El jefe del Estado argentino, junto a sus aliados empresariales, se reunió hoy sin la presencia de la CGT para replantear la nueva reforma laboral, mientras los sindicatos y la opinión pública se preguntan si están asistiendo a un drama político más que a un debate real.

En plena jornada de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei y un puñado de empresarios se reunieron sin la presencia de la Confederación General del Trabajo, señalando que la reforma laboral se diseñaría sin el “tal” input sindical. La reunión, que se celebró el 17 de octubre de 2025, se convirtió en el centro de atención por la ausencia del sindicato y por la creciente crítica de los gremios, que consideraron que se les estaba “excluyendo a la sombra”.

Javier Milei, quien en sus últimos discursos ha insistido en la necesidad de “reducir la carga laboral”, explicó que la propuesta pretende dar mayor flexibilidad al mercado y simplificar la red de contribuciones, aunque las cifras exactas de reducción todavía no se han hecho públicas.

La noticia también sacó a relucir las opiniones de sus aliados y posibles futuros colaboradores. Se especula sobre el posible papel de Santiago Caputo, quien podría integrarse al equipo de negociadores, mientras que la economía de los gremios se desmorona en su reacción. Algunos sindicalistas y economistas argumentan que la “nueva ley no generará empleo, la destruirá”, y que las medidas podrían socavar los derechos de los trabajadores.

El diálogo entre Milei y los empresarios no fue la primera vez que el presidente buscó apoyo de la industria para el proyecto. A principios de la década, cuando se discutía la reforma de 2023, se generó una reacción similar, y la falta de consenso con los sindicatos ha marcado la política laboral argentina. El momento de la reunión se aprovechó también para discutir otros temas de política económica y cómo su rol influirá en futuras decisiones del gobierno.

Mientras tanto, las votaciones sobre el proyecto se mantienen en suspenso, y se espera que la Cámara de Senadores pueda decidir sobre su aprobación en las próximas semanas, siguiendo el ritmo de la opinión pública que claramente está a favor de mantener la protección de los derechos laborales.