La expresidenta boliviana Jeanine Áñez salió de la cárcel el 5 de noviembre de 2025 tras la anulación de su sentencia por tentativa de golpe de Estado. Después de cumplir casi cinco años de prisión, la Corte Suprema revocó la condena, lo que permite su libertad inmediata y reabre el debate político en el país.

Contexto judicial y político

Jeanine Áñez, nacida el 13 de agosto de 1966, asumió la presidencia interina de Bolivia en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales. En 2021 fue condenada a diez años de prisión por cargos de terrorismo, sedición y conspiración por presunto intento de golpe de Estado. La sentencia generó una profunda polarización en la sociedad boliviana.

Anulación de la condena

El 5 de noviembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de Bolivia anuló la condena contra Áñez, argumentando irregularidades procesales y violaciones al derecho de defensa. La decisión impide que la antigua mandataria cumpla el resto de la pena y ordena su liberación inmediata.

Tiempo cumplido y condiciones de la detención

Áñez estuvo recluida durante aproximadamente 4 años y 10 meses, desde su ingreso en enero de 2021 hasta su salida en noviembre de 2025. Durante su internamiento, la expresidenta fue trasladada entre varias penitenciarías, incluida la cárcel de San Pedro en La Paz, y mantuvo su defensa legal activa.

Repercusiones y reacciones

La liberación provocó reacciones encontradas: sectores afines a su figura celebraron la decisión como una victoria de la democracia y el estado de derecho, mientras que opositores la calificaron de impunidad. Analistas internacionales destacan que el caso pone de relieve la fragilidad institucional en Bolivia y la dificultad de consolidar procesos judiciales independientes.

Próximos pasos para Áñez

Tras su puesta en libertad, Áñez ha anunciado su intención de retomar la actividad política y participar en los comicios de 2026 bajo la bandera de su partido, el Movimiento Demócrata Social (MDS). Además, ha declarado que perseguirá acciones legales contra las autoridades que, según ella, vulneraron sus derechos durante el proceso.

Impacto internacional

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han destacado la anulación como un indicio de avances en la garantía de los derechos procesales en Bolivia, aunque han instado a una revisión completa del caso para evitar posibles retrocesos.

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