Contexto y antecedentes

La Universidad Madres de Plaza de Mayo, creada en 1979, administra varios inmuebles destinados a la formación y memoria de la organización. Uno de esos edificios, situado en el barrio de Caballito, quedó desocupado alrededor de 2015 y permaneció sin uso durante una década, generando deterioro y controversia social.

Expropiación bajo el gobierno de Javier Milei

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la administración ha impulsado una serie de procesos de expropiación de bienes considerados subutilizados o estratégicos. En esta línea, el Ministerio de Economía presentó un proyecto de ley que autorizó la transferencia del edificio a la gestión del Estado, argumentando la necesidad de revitalizar la zona y garantizar su adecuado mantenimiento.

Procedimiento y legalidad

El proceso se realizó mediante una resolución oficial que declaró el bien como “desafectado” del padrón de la Universidad Madres de Plaza de Mayo y lo incorporó al patrimonio estatal. La medida fue respaldada por la normativa de emergencia económica y por la legislación que permite la expropiación por razones de utilidad pública.

Relevancia del edificio

El inmueble es un edificio de arquitectura de mediados del siglo XX, característico del desarrollo urbano de Caballito. Su fachada de ladrillo visto y su estructura original lo convierten en un referente histórico de la zona. Las Madres de Plaza de Mayo lo utilizaban para actividades académicas y de capacitación.

Próximos pasos

Tras la recuperación, el gobierno anunció que el edificio será inspeccionado para definir su destino: estudiar la posibilidad de convertirlo en un centro cultural, una sede administrativa o una vivienda social. La decisión será tomada en conjunto con la comunidad local y con representantes de las Madres de Plaza de Mayo.

Reacciones

Organizaciones sociales y políticos de oposición han calificado la medida como “una apropiación de la historia” y han pedido una mayor participación ciudadana en la redefinición del uso del inmueble. Por su parte, el equipo del presidente Milei sostuvo que la acción evita el abandono de patrimonio y favorece la reactivación urbana.