Contexto del operativo

Durante la última semana la Fiscalía Federal, en coordinación con la Policía Federal Argentina y la Interpol, llevó a cabo una serie de allanamientos en distintas provincias del país (Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires) como parte de una investigación internacional contra la tenencia y distribución de material sexual infantil en línea.

Allanamientos realizados

Los operativos se centraron en domicilios y locales donde se sospechaba la existencia de archivos y dispositivos electrónicos con contenido ilícito. Entre los despejes más relevantes se encuentran:

• Un inmueble en la zona de Villa Constitución, Santa Fe, donde se incautaron varios discos duros y smartphones.
• Una vivienda en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, que resultó vinculada a una red de intercambio de material de abuso infantil.
• Un domicilio en el centro de Córdoba, donde se detuvieron a dos personas bajo sospecha de poseer y distribuir contenido sexual de menores.

En total, las investigaciones han derivado en la detención de al menos seis personas y la incautación de más de 30?GB de datos digitales.

Aclaración sobre el exjugador de Talleres

En medio de la cobertura mediática, surgieron rumores que vinculaban al exfutbolista de Talleres con la causa. El club y el propio exjugador emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que su nombre no figura entre los investigados y que no existe relación alguna con los allanamientos descritos.

"No hay ningún vínculo entre el exjugador y los hechos investigados. Las sospechas se centran exclusivamente en los indicios recabados en los domicilios registrados", indicaron las fuentes oficiales.

Repercusiones y próximos pasos

Las autoridades continúan analizando el material recabado y ampliarán la investigación en función de los resultados técnicos. Asimismo, se confirmó que la causa forma parte de una operación mayor que involucra a varios países de América Latina y Europa, con el objetivo de desmantelar redes de explotación infantil en internet.

El Ministerio de Seguridad reiteró su compromiso con la protección de los menores y recordó que la tenencia, difusión o consumo de material sexual infantil es un delito penado con prisión de diez a veinte años, según lo establece el Código Penal argentino.