Una auditoría judicial revela la existencia de múltiples empresas inexistentes que gestionan obras públicas en Formosa, dejando atrás maquinaria y estructuras sin uso. El hallazgo evidencia una red de fraudes que compromete recursos del Estado y plantea la necesidad de una profunda reforma institucional.

Empresas fantasma: ¿qué son y cómo operan?

Una empresa fantasma es una entidad legal que, aunque consta en los registros oficiales, carece de actividad económica real. Su uso frecuente en contratos públicos permite desviar fondos mediante facturas infladas o servicios inexistentes.

Investigación judicial en Formosa

En noviembre de 2025, el Poder Judicial de Formosa, a través del Juzgado de Garantías, recibió una denuncia que desencadenó un proceso de inspección de obras municipales. Los peritos descubrieron al menos diez sociedades sin empleados, vinculadas a licitaciones de obras de infraestructura vial.

Equipos y maquinarias abandonadas

Los inspectores también documentaron la existencia de grúas, excavadoras y mezcladoras de cemento abandonadas en varios predios. Estas máquinas, adquiridas con fondos estatales, permanecen sin mantenimiento y ocupan terrenos que podrían reutilizarse para nuevos proyectos.

Contexto regional y repercusiones políticas

El caso de Formosa se inserta en un panorama más amplio de cuestionamientos a la gestión de recursos en la zona sur del país. En Santa Cruz, el ex predio de Austral Construcciones quedó bajo control estatal después de que el empresario Lázaro Báez perdiera sus instalaciones, según informes de noviembre de 2025. El gobernador de la provincia, Sergio?Vidal, anunció que esos espacios se transformarán en centros de producción y empleo, subrayando la necesidad de “barrer el pasado”.

Qué implica para la ciudadanía

La detección de estas irregularidades refuerza la demanda de mayor transparencia en la contratación pública. Organizaciones de la sociedad civil ya exigen la apertura de los archivos de licitaciones y la restitución de los recursos malversados.

Próximos pasos

Las autoridades judiciales han ordenado la congelación de las cuentas de las empresas investigadas y la presentación de informes detallados para determinar responsabilidades penales y administrativas.

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