17/11/2025 10:04 - Politica
El 13 de noviembre de 2025 el gobierno argentino, representado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, firmó un convenio con el Global Surveillance Alliance (GSA), una red de agencias de inteligencia de más de veinte países. El documento permite la transferencia de bases de datos de telefonía móvil, tarjetas de crédito, registros de entrada y salida del país y datos de geolocalización a los servidores del GSA.
El GSA se define como “un sistema de vigilancia global que comparte información de amenazas transnacionales entre sus miembros”. Su objetivo declarado es combatir el crimen organizado, el terrorismo y el fraude financiero, pero críticos advierten que la participación de Argentina implica una pérdida de control sobre información sensible de sus ciudadanos.
El pacto ha desencadenado una fuerte oposición en el Congreso, especialmente por parte del Partido Justicialista, que lo califica de “violación a la soberanía digital”. Varios legisladores solicitaron la convocatoria de una audiencia pública para evaluar el alcance del acuerdo. Por su parte, la oposición de centroderecha, liderada por el propio Juan Manuel Urtubey, ha indicado que se hará una revisión del texto antes de su ratificación.
Según la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), el intercambio de información podría afectar a más de 30 millones de usuarios, dado que el país supera los 45 millones de habitantes. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch Argentina, han pedido garantías claras, entre ellas la anonimización de datos y la obligación de notificar a los usuarios cuando sus datos son consultados por autoridades extranjeras.
El sector tecnológico local teme que la percepción de inseguridad digital reduzca la inversión extranjera en fintechs y startups. Por otro lado, el Ministerio de Economía ha señalado que la cooperación con el GSA podría facilitar el rastreo de lavado de dinero, mejorando la imagen del país ante organismos internacionales.
El tratado debe ser ratificado por el Congreso antes del 30 de noviembre de 2025. Mientras tanto, la ministra Bullrich ha prometido que “solo se compartirán datos estrictamente necesarios” y que se respetarán los marcos legales argentinos.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones