El exconvicto por explotación económica de la prostitución, Miguel Ángel Calvete, fue nombrado coordinador operativo de la ANDIS, lo que desató una nueva investigación policial que lo vincula a posibles encubrimientos de trata y sobreprecios en obras del organismo, mientras la oposición exige su inhabilitación definitiva.

De condena penal a operador de la ANDIS

Miguel Ángel Calvete, quien en 2022 fue sentenciado a 4 años de prisión por explotación económica del ejercicio de la prostitución, ahora aparece como responsable de la Operación de Acompañamiento y Desarrollo de la Inclusión Social (ANDIS), organismo estatal creado en 2023 para coordinar políticas de inclusión.

Antecedentes judiciales

La condena de Calvete se estableció mediante la sentencia N°?1.345/2022 del Tribunal Federal, donde se determinó que él dirigía una red de proxenetismo que cobraba comisiones indebidas a trabajadoras sexuales. La pena incluyó inhabilitación para ejercer funciones públicas por diez años.

Nombramiento en la ANDIS

A pesar de la inhabilitación, la Secretaría de Desarrollo Social anunció el 15 de noviembre de 2025 la incorporación de Calvete como “coordinador de estrategia operativa”. El nombramiento generó críticas de organizaciones de derechos humanos y de la oposición, que lo califican como un retroceso en la lucha contra la trata de personas.

Investigación en curso

El Fiscal Público Federal, Luis Méndez, abrió una causa contra Calvete por presunto “encubrimiento de delitos de trata” y “aprovechamiento de recursos públicos”. La investigación también abarca a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, vinculados a una supuesta red de sobornos y sobreprecios en obras de la ANDIS, como la remodelación de la residencia del exdirector Roberto?Spagnuolo, valorada en más de US$?2,5?millones.

Rechazo a declarar

Durante la audiencia del 17 de noviembre de 2025, Calvete se negó a declarar, invocando su derecho a permanecer en silencio. El juez encargó el levantamiento de actas y la ampliación de la medida cautelar, manteniendo la detención preventiva por riesgo de fuga.

Repercusiones políticas

El caso ha encendido el debate en el Congreso sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en los organismos estatales y de revisar las leyes de inhabilitación para cargos públicos. La bancada oficialista ha defendido la designación argumentando que la experiencia de Calvete en gestión de crisis beneficia al programa, mientras que la oposición ha presentado una moción de censura contra el ministro de Desarrollo Social.

← Volver al inicio