Imago Noticias
River Plate busca a Román y un delantero tras rechazos a Andino y Carrizo
Tamara Bella niega affair con Luciano Castro y pide cortar el tema
Matías Alé rompe el silencio tras el despido de Alfa de la obra Asia Caliente
Desaparece la niña de 6 años Jimena Saravia en Salta: intensas búsquedas en Las Vertientes
19/11/2025 21:03 • POLITICA • POLITICA
El gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier?Milei, ha presentado una serie de modificaciones al Código de Trabajo con el objetivo de flexibilizar la contratación y reducir la carga impositiva para las empresas. Entre los puntos más polémicos se encuentran la eliminación de la estabilidad laboral reforzada, la reducción de indemnizaciones y la introducción de contratos de duración determinada más extensos.
Ante lo que considera una "amenaza a los derechos de los trabajadores", la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con marcha de protesta que se llevará a cabo en distintas provincias. La convocatoria, emitida el 19 de noviembre de 2025, busca bloquear la puesta en marcha de la reforma y obligar al ejecutivo a reconsiderar las medidas.
El presidente Milei, a través del Ministerio de Trabajo, informó que a cualquier funcionario público que adhiera al paro se le descontará un día de salario en la próxima nómina. La medida pretende sancionar la paralización y disuadir la participación masiva de los estatales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reforzó la postura del gobierno, calificándola de "amenaza ilegal" y reiteró que las fuerzas de seguridad actuarán para impedir cualquier intento de desbordar la protesta, bajo el argumento de preservar el orden público.
Voces dentro del Congreso, incluida la diputada Aguiar, denunciaron la medida del descuento salarial como una "amenaza ilegal" que vulnera los derechos constitucionales de los trabajadores. Por su parte, expertos en derecho laboral advierten que la acción podría generar conflictos judiciales y tensiones sociales prolongadas.
El paro se extiende a hospitales, colegios y organismos de seguridad, lo que podría afectar la prestación de servicios esenciales. La medida del descuento salarial, aunque aún pendiente de ser aplicada, ya ha incrementado la polarización y plantea un escenario de disputa que podría culminar en negociaciones salariales o en nuevas denuncias judiciales.