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19/11/2025 23:03 • POLITICA • POLITICA
Julieta Makintach, jugadora de alto rango del Poder Judicial, había sido objeto de una investigación penal que culminó con un juicio ante el jurado. El veredicto, emitido con una abstención 11 a 0, determinó su remoción del cargo y la pérdida de los fueros que la protegían.
Tras la decisión del jurado, la ministra de Justicia confirmó la destitución de Makintach, dejándola sin rango de jueza. La medida provocó una serie de reacciones dentro del cuerpo judicial y la ciudadanía.
El abogado Fernando Burlando, conocido por sus intervenciones en casos de alto impacto, ha solicitado formalmente a la justicia que reevalúe la procedencia de la destitución y se garantice el debido proceso al que, según él, se ha vulnerado los derechos de la magistrada.
La causa penal contra Makintach continúa su curso. Las investigaciones siguen evaluando si la acusación original justifica la sanción aplicada y si existen bases para una posible apelación.
Makintach ha declarado que, pese a recibir ofertas laborales, las autoridades le han impedido inscribirse en el Colegio de Abogados de San Isidro, limitando su ejercicio profesional en la región.
El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la transparencia de los procesos disciplinarios. Diversas voces del ámbito jurídico y social piden una revisión exhaustiva para evitar precedentes que puedan erosionar la confianza pública en la justicia.
Se espera que la solicitud de Burlando sea evaluada por instancias superiores y que, en caso de aceptarse, se abra un proceso de revisión que podría revertir la destitución o, al menos, ordenar una nueva valoración de los hechos.