En una entrevista televisiva, Flávio y Eduardo Bolsonaro, hijos del expresidente, declararon que el ministro del STF Alexandre de Moraes “quiere matarlo” y denunciaron una supuesta persecución judicial que, según ellos, viola derechos humanos y la democracia brasileña.

Acusación directa contra el ministro del STF

Los senadores Flávio Bolsonaro y el diputado federal Eduardo Bolsonaro aseguraron que el ministro Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) y responsable de casos de corrupción y conspiración contra el Estado, está “deseando la muerte” del ex presidente Jair Bolsonaro. La denuncia se produjo durante una entrevista emitida el 20 de noviembre de 2025 en la cadena brasileña Record TV.

Contexto del conflicto judicial

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, ha sido objeto de múltiples investigaciones desde su salida del poder. En marzo de 2025 fue detenido bajo sospecha de intento de fuga y presuntos vínculos con planes de desestabilización institucional. Desde entonces, el STF, bajo la presidencia de Moraes, ha ordenado medidas restrictivas que incluyen la custodia domiciliaria del ex mandatario y la prohibición de salir del país.

Reacción de la familia Bolsonaro

Flávio y Eduardo calificaron las decisiones judiciales como “una campaña de terror” y “un intento de silenciar al pueblo”. Declararon que el juez Moraes ha utilizado su autoridad para “hostigar y amenazar con la vida” a su padre, pese a la falta de pruebas contundentes que justifiquen una medida tan extrema.

¿Qué implica la acusación?

Si bien los hermanos no presentan pruebas documentales, su denuncia eleva la tensión entre los poderosos grupos políticos brasileños y el poder judicial. La acusación podría derivar en una denuncia formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado o en una solicitud de revisión de las medidas cautelares contra Bolsonaro.

Reacciones institucionales

El presidente del STF, el propio Alexandre de Moraes, no respondió directamente a la declaración, pero su gabinete reiteró que “las decisiones judiciales se basan exclusivamente en la evidencia y el marco legal”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha anunciado la apertura de una investigación preliminar para descartar posibles abusos de autoridad.

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