Antecedentes del caso

Desde fines de 2024 la justicia argentina ha procedido al decomiso de 20 propiedades atribuidas a la familia Kirchner, incluídas casas, terrenos y locales comerciales en varias provincias. La medida forma parte de la denuncia presentada por la Fiscalía Federal contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La nueva solicitud del Fiscal Luciani

En noviembre de 2025 el fiscal federal Guillermo Luciani presentó un informe preliminar en el que se plantea solicitar al juzgado la incorporación del departamento que la expresidenta ocupa en el barrio norte de Buenos Aires a la lista de bienes a decomisar. El argumento central es que el inmueble habría sido adquirido con recursos cuya procedencia aún está bajo investigación.

El pedido se suma a otras acciones en curso: la Fiscalía continúa analizando la situación de más 15 vehículos y cuentas bancarias que podrían estar vinculados a los supuestos ilícitos.

Implicancias y reacciones

Si el juzgado accede a la solicitud, el depa pasaría a ser objeto de retención judicial, lo que implicaría una nueva restricción patrimonial para la expresidenta. La medida ha sido recibida con críticas por parte del oficialismo, que la califica de "persecución política", y con elogios por sectores opositores que la describen como "un paso necesario para la transparencia".

El caso sigue abierto y se espera que el tribunal emita su decisión en los próximos meses, mientras la opinión pública observa con atención cada avance de la causa.