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25/11/2025 08:07 • SOCIALES • SOCIALES
Paloma Fort, residente de la provincia de Buenos Aires, sostiene que el hombre cuyo cadáver descansa en el cementerio municipal es su padre biológico. Según declaraciones presentadas ante la justicia, la información proviene de relatos familiares y la ausencia de registro oficial que vincule a su madre con su supuesto progenitor.
En Argentina, la exhumación de restos humanos solo puede llevarse a cabo con autorización judicial y bajo estrictas condiciones sanitarias y científicas. La Ley Nacional de Salud Nº 24.977 establece que se requiere una causa justificada, como la necesidad de pruebas de ADN para esclarecer la identidad del fallecido.
El objetivo de Fort es someter los restos a pruebas genéticas que permitan confirmar o descartar la relación paterna. La identificación mediante ADN es una herramienta cada vez más utilizada en casos de adopción clandestina, desaparidos forzados y disputas de herencia. Los laboratorios forenses acreditados por el Ministerio de Salud pueden extraer material genético de huesos, dientes o tejido blando conservado.
Este caso refleja la creciente demanda de ciudadanos argentinos por el derecho a conocer su origen biológico, un tema que ha cobrado relevancia tras la aprobación de la Ley de Identidad y los debates sobre la filiación en adopciones internacionales. Además, plantea preguntas sobre la capacidad del sistema judicial para equilibrar la necesidad de información con el respeto a la dignidad de los fallecidos y sus familiares.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, el juzgado competente aún no ha dictaminado sobre la solicitud de exhumación presentada por Paloma Fort. La familia del difunto se opone al proceso, argumentando que la perturbación del sepulcro vulneraría la memoria del fallecido y los derechos de sus allegados.
El expediente seguirá su curso judicial y, en caso de obtener la autorización, se deberá coordinar la intervención de expertos forenses para la recolección del material genético. Independientemente del resultado, la demanda de Fort está generando un debate público sobre los límites y alcances de los derechos a la identidad en la sociedad argentina.