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26/11/2025 19:04 • POLITICA • POLITICA
En los últimos meses, varios medios de comunicación argentinos publicaron una serie de reportes que destapan una presunta trama de lavado de dinero encabezada por una entidad financiera cercana al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), José "Chiqui" Tapia. La investigación combina documentos judiciales, testimonios de ex?empleados y análisis de datos financieros.
El lavado de dinero consiste en ocultar el origen ilícito de fondos para que parezcan legítimos. Una de las técnicas más habituales es la creación de empresas fantasma o compañías ficticias, que aparecen registradas pero no desarrollan actividad productiva real. Estas sociedades permiten mover dinero entre cuentas, ocultar la procedencia de los fondos y, posteriormente, integrarlos al sistema financiero formal.
Según los reportes, la financiera vinculada a Tapia empleó más de 30 empresas ficticias distribuidas en distintas jurisdicciones: desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires (Adrogué) hasta la capital de Estados Unidos, Miami. Cada una de ellas recibió transferencias bajo la apariencia de pagos por servicios inexistentes, facturas infladas o supuestos contratos de obra.
Los documentos judiciales indican que el total de recursos movidos a través de esta red asciende a 72.000 millones de pesos argentinos, una cifra que, al tipo de cambio oficial de noviembre de 2025, supera los 400 millones de dólares. El dinero habría sido destinado a cubrir cuotas de partidos, patrocinios ficticios y, presuntamente, a financiar campañas políticas.
La Agencia Reguladora y Contable de la AFA (ARCA) denunció formalmente a la financiera por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, señalando su vínculo con la Agencia de Discapacidad, donde también se investigan supuestos sobornos. La denuncia incluye la solicitud de medidas cautelares para congelar los bienes de los involucrados.
El caso evidencia el cruce entre deporte, política y negocios en Argentina. Tapia, dirigente de la AFA desde 2017, ya había sido señalado en anteriores investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión del organismo. Esta nueva revelación podría desencadenar procesos de destitución o sanciones por parte de la FIFA y del propio Congreso.
Las autoridades judiciales han abierto diligencias en Buenos Aires y Miami para rastrear los flujos financieros y determinar la responsabilidad penal de los titulares de las empresas falsas. Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta, exigiendo mayor transparencia en la administración del fútbol y la política nacional.