Contexto y antecedentes

Desde hace años la Ciudad de Buenos Aires dependía del Sistema Penitenciario Nacional para la administración de sus cárceles. La falta de coordinación y los recurrentes problemas de hacinamiento impulsaron a legisladores y organizaciones de derechos humanos a promover una normativa que devolviera la gestión a nivel local.

La sesión maratónica

El 27 de noviembre de 2025 la Legislatura porteña celebró una sesión extraordinaria que se prolongó más de diez horas. Durante el debate se abordaron aspectos clave como la estructura organizativa, el presupuesto inicial y los mecanismos de control interno.

Qué establece la nueva ley

• Creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires (SPCABA), entidad autónoma adscrita al Poder Ejecutivo de CABA.
• Transferencia de la gestión operativa de los tres establecimientos penitenciarios existentes en la ciudad.
• Definición de un presupuesto anual de US$ 250 millones para los primeros tres años, destinado a mejoras de infraestructura y programas de reinserción.
• Establecimiento de un Consejo de Derechos Humanos penitenciario, integrado por representantes de la sociedad civil, el Poder Judicial y la academia.
• Implementación de un sistema de monitoreo digital que permitirá la trazabilidad de recursos y la supervisión de indicadores de seguridad y salud.

Implicancias para los internos

Los detenidos porteños podrán beneficiarse de:

• Programas ampliados de educación y capacitación laboral, alineados con la demanda del mercado local.
• Atención médica integral, con la incorporación de unidades de salud mental dentro de los centros.
• Mayor acceso a la familia gracias a la regulación de visitas y la creación de espacios de recreación.

Próximos pasos

La ley entrará en vigor el 1 de febrero de 2026, fecha en la que se iniciará la transición de personal y la puesta en marcha del Consejo de Derechos Humanos penitenciario. El Ejecutivo local deberá presentar el plan de implementación dentro de los próximos 30 días.

Reacciones

Organizaciones de derechos humanos aplaudieron la iniciativa, señalando que “es una oportunidad única para garantizar una gestión más humana y transparente”. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios expresó su disposición a colaborar en la fase de adaptación.