El gobierno argentino avanza con una profunda reforma del Código Penal que busca endurecer penas, crear nuevas figuras delictivas y declarar imprescriptibles ciertos delitos, mientras Sebastián Amerio afirma que se trata de cerrar una era de leyes que favorecían a los criminales.

Contexto de la reforma penal

En los últimos años, la legislación penal de Argentina ha sido objeto de críticas por parte de sectores que consideran que la normativa ha favorecido a los involucrados en actos ilícitos, especialmente en casos de corrupción. Ante este panorama, el Ejecutivo ha puesto en marcha una serie de modificaciones cuyo fin es reforzar la capacidad del Estado para perseguir y castigar delitos graves.

Principales cambios propuestos

• Endurecimiento de penas: Se plantea elevar las sanciones mínimas para delitos como homicidio, violación y secuestro, alineándolas con criterios internacionales de derechos humanos.
• Nuevas figuras delictivas: Introducción de tipificaciones específicas para delitos de corrupción en la gestión pública, lavado de dinero y trata de personas, con penas que pueden superar los veinte años de prisión.
• Imprescriptibilidad de ciertos delitos: El proyecto incluye la declaración de imprescriptibilidad para la corrupción, el tráfico de armas y el terrorismo, lo que impide que el paso del tiempo elimine la posibilidad de juzgar a los responsables.

Declaraciones de los protagonistas

El presidente del bloque de la coalición, Sebastián Amerio, señaló en una entrevista que "con la reforma del Código Penal venimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes". Amerio destacó que la iniciativa representa una respuesta firme a la impunidad y una medida para restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado Germán Adorni presentaron el paquete legislativo describiéndolo como "un orden necesario donde antes reinaba la barbarie".

Reacciones y debate nacional

El proyecto ha generado un intenso debate en el Congreso y en la sociedad civil. Mientras organizaciones de derechos humanos aplauden el refuerzo de penas y la imprescriptibilidad de la corrupción, otros sectores advierten sobre la necesidad de garantizar garantías procesales y evitar retrocesos en la protección de los derechos fundamentales.

En la provincia de Misiones, representantes locales iniciaron un debate federal sobre la reforma, subrayando la importancia de adaptar el Código Penal a los desafíos del siglo XXI.

Próximos pasos

El proyecto de reforma será enviado a la Comisión de Justicia del Senado para su estudio detallado. Se espera que, tras los debates parlamentarios, la norma sea votada en la Cámara de Diputados antes de fin de año, con la posibilidad de entrar en vigencia a inicios de 2026, si supera todas las etapas legislativas.

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